No hace falta tener un PhD en Economía para entender la realidad que vive el ciudadano en las calles. Un decreto presidencial no logrará que los precios de los productos bajen o los salarios suban sin que un amplio sector de la población salga perjudicado. La historia nos ha demostrado que los controles de precios incentivan el mercado negro y el contrabando y que el incremento arbitrario del salario mínimo incentiva la contratación informal de trabajadores y el desempleo.
En una de sus declaraciones más recientes, el presidente Rafael Correa confesó sus planes de intentar equiparar el salario mínimo con el costo de la canasta familiar básica, lo que aparenta ser una medida medianamente “razonable” para aliviar en algo el desastre económico en el que el mismo Gobierno nos ha sumido. Pero dadas las circunstancias que atraviesa el Ecuador, puede que el remedio sea peor que la enfermedad y que el pobre ciudadano que aspira a recibir un salario “más justo” se estrelle con la realidad y que, en lugar del tan ansiado aumento, lo que reciba sea su liquidación por finalización de contrato debido a que la empresa para la cual trabaja no puede sostener aquel arbitrario aumento salarial.
La relación que existe entre desempleo y salario mínimo resulta frecuentemente mal entendida. Un salario mínimo más elevado es una imposición a la que debe regirse una empresa, pese a la falta de aumento de productividad de sus trabajadores y gracias a la falta de flexibilidad en las regulaciones laborales existentes.
En un país como el nuestro, con alto porcentaje de desempleo y de mano de obra no calificada, las normativas de salario mínimo perjudican principalmente a aquellos que tienen menor experiencia o especialización, como es el caso de jóvenes universitarios que necesitan un trabajo a medio tiempo para pagar sus estudios, condenándonos al desempleo o la informalidad, ya que las empresas van a preferir contratar a aquellas personas con mayor especialización que generen mayor productividad.
La imposición de un aumento en el salario mínimo es vista como una acción de “buena voluntad” del Gobierno para que los “desalmados” empresarios paguen una remuneración digna a sus trabajadores. Sin embargo, cuando el Gobierno obliga a las empresas a pagar más a sus trabajadores, se ven en la necesidad de elegir entre contratar menos personal (o hacerlo de manera informal) o trasladar este incremento de costos al precio del producto final.
Lo políticos populistas suelen prometer un mayor salario mínimo con el objeto de beneficiar a determinado sector de la población, empobreciendo a la mayoría de los consumidores que ahora deberán pagar más por los productos o servicios que adquieran. La propuesta de aumento del salario mínimo no es más que otra acción demagógica que genera la ilusión de mayores ingresos a un costo preocupante: la distorsión de los costos del sector privado, el aumento de los precios de bienes y servicios y la destrucción de los tan ansiados puestos de trabajo.
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