El gobierno de Rafael Correa pretende limitar la distribución de utilidades en el sector privado al equivalente a 24 salarios básicos por trabajador. El paquete de reformas laborales que el Mandatario firmó ayer (15 de noviembre) en Guayaquil y que entregó para su trámite a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, establece el límite de las utilidades, que para el 2014 representarían USD 8 160.
Los excedentes que genere la medida serán captados por el sistema de Seguridad Social para financiar las pensiones jubilares de los trabajadores autónomos y de las amas de casa, según explicó el Presidente en un acto multitudinario en el que se conmemoró la matanza de trabajadores del 15 de noviembre de 1922.
Con las enmiendas se pretende reducir la brecha salarial entre los trabajadores que más ganan y los que menos salario perciben en una empresa. El empresario tendrá que pagar a su obrero menos calificado un monto no menor a 20 veces de su sueldo. “Si el empresario considera que debe ganar USD 20 000, bien por él; pero a su último obrero le tendrá que pagar por lo menos 1 000 dólares”, detalló Correa.
Estos cambios obedecen a un proceso de “búsqueda de la equidad” que también propone la unificación de utilidades a los trabajadores en función de empresas vinculadas de un mismo grupo económico. Las reformas planteadas desde una tarima en la avenida 9 de Octubre y Malecón giran alrededor de cinco ejes.
Además de la mencionada búsqueda de la equidad, están la profundización del derecho a la estabilidad, la modernización del sistema salarial, la democratización de la representación laboral y la universalización de la seguridad laboral. El proyecto propone eliminar el contrato a plazo fijo, crea el despido nulo para las mujeres en estado de gestación y para los dirigentes sindicales. También está la mensualización voluntaria del decimotercero y decimocuarto sueldos, y el voto universal, libre y secreto para que los trabajadores escojan a sus dirigentes. Las reacciones Ante las propuestas que reforman el Código Laboral vigente, representantes de trabajadores, empleadores, cámaras y analistas tienen varias observaciones e inquietudes. Luis Poveda, representante de los Trabajadores en el Consejo Nacional de Salarios, señala que uno de los puntos que le llamó la atención fue la eliminación de la figura de contrato a plazo fijo. Para Poveda, con esta reforma “se perjudicaría a la juventud que aspira a un empleo productivo”.
Con ello, opina Poveda, la eliminación de esta figura “es crítica”. El empleador, dice el representante, usa este tipo de contrato cuando el empleado es nuevo para ponerlo a prueba en ese puesto de trabajo. Richard Martínez, presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, explica que están a la espera del documento completo para analizarlo. Sin embargo, tras las declaraciones del Primer Mandatario, “el Código debería estar enfocado en generar mayor productividad y mayores oportunidades laborales”. Entre los temas que le preocupa, cuenta Martínez, está la eliminación del contrato a plazo fijo, “por la limitación que podría causar en la generación de más empleo”. Asimismo, la limitación de los salarios para los ejecutivos son otro aspecto que causa polémica. Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, indica que la eliminación del contrato a plazo a fijo es positiva para los empleados. Sin embargo, la limitación de utilidades “vulnera derechos de los trabajadores. No se puede reducir las conquistas adquiridas”.
ElComercio.com
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