“Solo falta que me asignen el código 007 de James Bond”, dijo el reo exVicepresidente de la República Jorge Glas, en su comparecencia ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional en el caso Arroz Verde (Sobornos 2012 – 2016), mientras cuestionaba las evidencias que lo vinculan con los códigos L1 y JG utilizados por él, como parte de una “estructura criminal” que gestionaba sobornos a compañías contratistas del Estado. Insistía que siempre ha sido honesto.
Lo mencionado por Glas a manera de burla, no estaba lejos de ser una película de bandidos con frac y corbata. Utilizando el título de la cinta del legendario agente 007, For your eyes only (Solo para tus ojos), el 3 de junio de 2016, el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, remitía el borrador del contrato de construcción y operación del puerto de aguas profundas de Posorja, a su socio del estudio jurídico Romero Menéndez, Carlos De Tomaso, para su revisión previa a la firma.
Mera había recibido ese documento pocas horas antes de parte del asesor presidencial Andrés Martínez. La suscripción del contrato se realizó tres días después, el 6 de junio de 2016, en el marco de una solemne ceremonia que incluyó a la plana mayor del gobierno de Rafael Correa y a los ejecutivos de DP World y Grupo Nobis.
El referido documento y otra importante información, hasta hoy no revelada, remitida desde una de las cuentas oficiales de Alexis Mera mace.windu@presidencia.gob.ec a la cuenta cdetomaso@romeromenendez.com de Carlos De Tomaso, y a los correos electrónicos de María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Rafael Correa y Jorge Glas, fue encontrada en los dispositivos incautados al exasesor presidencial, durante los allanamientos al estudio jurídico Romero Menéndez y a su domicilio, tras su captura en mayo de 2019. Sin embargo, esta información no ha sido incorporada al expediente Sobornos 2012 – 2016. Pero aquí está, para que todo el país se entere.
Esta información que ubica a los actores principales de la trama Arroz Verde en la escena del escándalo del puerto de Posorja, devela ácidos cuestionamientos al más alto nivel del gobierno anterior, respecto a la adjudicación del polémico contrato a la firma DP World; además, presenta graves advertencias de nulidad contractual.
Los documentos revisados dan cuenta que Alexis Mera jugó en ambos lados de la cancha: utilizó el poder de la Secretaría Jurídica para beneficiar a DP World y al Grupo Nobis, mientras su estudio jurídico Romero Menéndez asesoraba a la contratista y recibía recursos económicos, configurando un evidente conflicto de intereses, tráfico de influencias y posible cohecho.
María Duarte y Alexis Mera enfrentados por Posorja
El 30 de mayo de 2019 fueron capturados, casi simultáneamente, Alexis Mera y María Duarte. Ese día la desgracia de Arroz Verde los unía, aunque nadie sospechaba la distancia que los separó años atrás en el escándalo de Posorja. En un mail de 4 de febrero de 2015, Mera le escribe a Duarte desde una cuenta inspirada en un personaje de la saga Star Wars obiwankenobi@presidencia.gob.ec
“María: no estoy de acuerdo. Son tus consabidas necedades para no entregar Posorja. No quiero hablar más del tema, por favor”. Ese “no entregar Posorja…”,Duarte lo sustentó en una larga argumentación jurídica enviada el día anterior (3 de febrero) a Mera, en respuesta al informe sobre Posorja remitido al Presidente Rafael Correa Delgado. “Estás induciendo al Presidente a un error, a pesar de que me reuní exclusivamente para aclarar esto contigo acompañada de Pilar Proaño, experta en el tema. Yo no digo que un puerto privado no pueda prestar servicio público.”, acusa Duarte a Mera.
En la extensa fundamentación jurídica y a pesar de no ser abogada, Duarte va al meollo del problema: la imposibilidad constitucional y legal de entregar la propiedad y la operación de un puerto internacional como Posorja, y en este caso sin licitación.
En el texto remitido a Mera, Duarte señala: “Le dije al Presidente que la propiedad de los terrenos de los Puertos Comerciales del Ecuador, debe ser Estatal, porque nuestro modelo de actividad portuaria es LANDLORD, tal como se reglamenta en la Ley de Actividad Portuaria Ecuatoriana”.
Para respaldar lo dicho, María Duarte, invoca la normativa: “Los puertos comerciales estatales del Ecuador serán de titularidad estatal y se regirán por el modelo internacionalmente conocido bajo la denominación LandLord o puerto propietario, donde las EP no operarán de forma directa ningún servicio o facilidad y sus funciones se reducirán a la administración, mantenimiento y desarrollo de los puertos, en lo referente a sus infraestructuras y espacios de uso común que no estén delegadas al sector privado, así como al control del cumplimiento de los contratos celebrados con terceros, sin interferir en el desarrollo de los negocios de las personas privadas que en ellos operen y tengan a su cargo la construcción, administración y gestión de infraestructuras o espacios, en tantos estos se realicen dentro del marco legal y contractual en el que se inscriba”.
En el documento, Duarte recuerda que, “el modelo propuesto en nuestros talleres era delegar los puertos comerciales internacionales del Ecuador”.
Pero, a renglón seguido transcribe el texto constitucional que en el artículo 261, restringe esa posibilidad: “Art 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: (…) 10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos”.
“A tal punto los Puertos son Estatales, que tuvimos que incluir en el Código de la Producción la posibilidad de delegarlos al sector privado”, insiste Duarte en su mensaje al exsecretario jurídico.
En este escenario, subraya las condiciones establecidas en el artículo 100 del referido Código: “En forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.
La modalidad de delegación podrá ser la de concesión, asociación, alianza estratégica u otras formas contractuales de acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario, los procedimientos de concurso público que determine el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse de forma directa”.
En otra parte de la comunicación, Duarte le recuerda a Mera los límites de la delegación y subraya la diferencia entre operar un puerto internacional y delegar algunos servicios complementarios: “Claro que la Autoridad Portuaria puede mediante AUTORIZACIÓN permitir al sector privado operar un puerto, o sea prestar servicio público, PERO NO OPERAR UNO COMERCIAL INTERNACIONAL, tan solo SERVICIOS PORTUARIOS COMPLEMENTARIOS”.
En las observaciones, la exministra de Transporte, señala una normativa trabajada conjuntamente con Mera: “Incluso, en el REGLAMENTO para Concesiones, elaborado contigo hace un par de años. Claramente se define los límites de la autorización a servicios de un operador”, destaca. En efecto, el artículo 8 del referido reglamento permite exclusivamente “prestar servicios con un operador de servicios del transporte y actividades afines…”.
Mera confirma que “su firma” trabaja para Nobis / DPW
El 28 de diciembre de 2015, Alexis Mera, le escribió al entonces Ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, y confesó lo inconfesable: “Estimado Walter: No me quiero meter en este tema, ya que mi firma está patrocinando a esta gente. Pero igual te traslado lo que me dicen, ya que no sería raro que el inefable Jairala (Juan Carlos) está boicoteando el proceso para ayudar a Contecon”.
Así, suelto de huesos el Secretario Jurídico de Rafael Correa, hablaba de su firma, del estudio jurídico Romero Menéndez, del cual era y es socio. El mensaje fue acompañado de varios documentos adjuntos que le hizo llegar DP World el 23 de diciembre, a través de correo electrónico, sobre la supuesta naturaleza estatal de la firma emiratí y la relación con la empresa privada creada en Holanda. El mensaje remitido por V Granados se cierra con una petición al Dr. Mera: “Nuevamente mil disculpas doc, pero sin su ayuda creo que no salimos de este bache que no permite continuar con el proceso…”.
Mientras el Dr. Mera ajustaba su APP (Alianza Público Privada), otros funcionarios del gobierno también acomodaban piezas, que resultaron ser algunos regalitos del desplumado Estado para los humildes inversionistas. Entonces, apareció la generosidad de Petroecuador.
En circunstancias que al MTOP y al Ministerio de Finanzas le ahogaban las carencias, no quedaba otra que arrancar de la ubre petrolera unos $6 millones para comprar los terrenos donde se levantaría el gigante puerto emiratí.
Aunque no había forma legal de obligarle a Petroecuador a entregar recursos económicos, saltó el imaginario burocrático: el 1 de abril de 2015 se firmó un muy creativo Convenio de Cooperación Interinstitucional y tres meses después ya estaban desembolsados los recursos.
En febrero de 2016, el MTOP solicitó al Municipio de Guayaquil la actualización del avalúo catastral y en abril el Municipio le informaba a Petroecuador que no han sido 6 sino 17 millones de dólares, lo que se debe pagar. Total, el Estado sería el que pagaría.
Casi un mes después de la firma del contrato, aún no se habían realizado las expropiaciones. Entonces, el 1 de julio de 2016, Walter Solís, dirigió una nueva comunicación a Jorge Glas Espinel, Alexis Mera, Rafael Poveda y Vinicio Alvarado, informando la situación y solicitando “la intervención del Dr. Alexis Mera ante el Municipio de Guayaquil”.
En el mensaje, Solís, hoy prófugo de la justicia, también informa que ha hablado con el Presidente Rafael Correa sobre el tema.
El ministro Rafael Poveda respondió el mail de Solís, señalando que ese tipo de convenios no deben suscribirse entre empresas estatales, pero que, como el MTOP no tenía plata, la única forma rápida de cumplir con la APP era tomar el dinero de la petrolera estatal.
Seguidamente, desde la cuenta datos@vicepresidencia.gob.ec , Jorge Glas recordaba que las expropiaciones fueron autorizadas por Rafael Correa. La elocuencia y generosidad de Glas se nota en el texto: “Al ser el MTOP el responsable del puerto y la carretera, que al final incluimos en la APP de Posorja, y no existir unidad ejecutora, MTOP por su experiencia lo podía hacer más rápido. Lamentablemente eso no ocurrió. No es más fácil preguntar los antecedentes?”, cerró el mensaje el exVicepresidente ahora encarcelado pero que sigue jurando que no ha robado un centavo.
Los pagos de DP World/Nobis al bufete de Mera
Después de semejante confesión de Mera, de que su firma (Romero Menéndez) trabajaba “para esa gente”,mientras él lo hacía desde Carondelet, había que seguir la ruta de los pagos de “esa gente”. Algunos rubros se encontraron facilito. Información obtenida por este medio señala que el 10 de junio de 2016 (cuatro días después de que DP World Posorja se adjudicase el contrato), la contratista desembolsó $ 312.500,00 al estudio guayaquileño Romero Menéndez.
Ese mismo día, la contratista pagó $ 187.500,00 a Juan Carlos Tarré, socio del referido bufete. Estos dos pagos, suman USD 500.000. Para cobrar los $ 187.500 Tarré efectuó una venta a la empresa a través de factura 001001980. La factura fue registrada en la contabilidad de DP World el 10 de junio de 2016.
En esa misma fecha, la compañía registra otra factura (0010016413) por $ 312.500 al Estudio Jurídico Romero Menéndez, Abogados Cía. Ltda., el mismo que fue reportado al Servicio de Rentas Internas (SRI). Las dos transacciones suman $ 500.000. La última transferencia a Tarré fue el 16 de abril de 2016. En esa ocasión la compañía le transfirió $ 1.755,00.
Otro pago importante realizado por DP World, fue a favor de PBP Representaciones Cía. Ltda., filial de bufete quiteño Pérez, Bustamante & Ponce Abogados Cía. Ltda., al que se le pagó $ 585.172,55 por sus servicios.
El representante de DP World, Juan Manuel Marchán, integra el registro de Pérez Bustamante. Uno de los socios principales de la firma es Francisco Roldán Cobo, tío de Juan Sebastián Roldán, secretario general de la Presidencia de Lenín Moreno.
Albacora, socia de DP World, demanda al Estado
Varios informes y correos electrónicos cursados entre los responsables del proyecto Posorja, antes de la firma del contrato (junio 2016) dejan ver claramente que ellos sabían la naturaleza privada de la empresa que suscribiría el contrato, DP World Investment.
Más aún, la información revisada deja en evidencia que Alexis Mera, Walter Solís, Jorge Glas, Rafael Poveda, Vinicio Alvarado, Rafael Correa y el entonces procurador Diego García Carrión, estaban informados que la empresa española Albacora, socia de DP World Investment BV, tenía presentada desde marzo de 2015, una demanda en contra del Estado ecuatoriano ante la Uncitral, por $20 millones de dólares.
Albacora reclamaba un supuesto incumplimiento con ciertas exenciones tributarias a las que las empresas tenían derecho como usuarias de una zona franca.
En un mail fechado 19 de febrero de 2016, el procurador Diego García Carrión, consultó a Alexis Mera: “Estimado Alexis: “¿Sabes si esta controversia sería retirada cuando se firme el contrato de inversión con DP World? Entiendo que Albacora es parte de los inversionistas. Saludos”. El mismo día Mera tenía su respuesta a García y la comunicó también a Walter Solís y Jorge Glas: “Walter, tomar esto en cuenta. No sé si DP tenga capacidad de conseguir esto”.
Nada se le escapaba a Mera. Él sabía que Albacora no tenía la razón en su demanda ante la Uncitral y lo puso en un correo electrónico de marzo de 2015, en respuesta a una consulta de Ximena Amoroso, directora del SRI, que le había pedido analizar el caso: “Ya estudié. Creo que el SRI tiene la razón.”, dijo Mera.
En una entrevista publicada por diario El Universo en febrero de 2016, el director ejecutivo del Grupo Nobis, Roberto Dunn, confirmó que DP World y Nobis poseían el 85% de la empresa, el 10% era de Albacora y el 5% de Fadesa. Añadió que Ignacio Lachaga, presidente del grupo español, fue el promotor del puerto en 2006 e invitó a Nobis y Fadesa al proyecto.
Otros regalitos de Mera a DP World/Nobis
El 4 de marzo de 2016, Andrés Martínez, asesor presidencial, dirigió un mensaje a Alexis Mera, cuyo asunto decía “respuesta a DP World”, comunicándole que se van a iniciar las sesiones de trabajo para ajustar puntos que no pueden ser aún aceptados. Martínez agregó: “Además, se te va a enviar el proyecto de decreto de excepcionalidad previsto en el artículo 100 del COPCI”.
Tres días después, 7 de marzo de 2016, Mera respondió a Martínez con copia a Walter Solís, destacando seis puntos aún no acordados con la contratista y refiriéndose al decreto de excepcionalidad.
Se destaca la predisposición de Mera a aceptar el tan denostado tratado de protección de inversiones TBI: “Estimados Walter y Andrés: Yo prefiero hacer el decreto de excepcionalidad cuando esto esté más avanzado. De la lectura de la contrapropuesta de Jorge Vera, tengo las siguientes observaciones, dejando constancia que devienen de una primera lectura rápida:
Si bien APG no puede comprometerse con otras obligaciones que no son de su competencia (aranceles, estabilidad tributaria, carretera) alguien lo debe hacer (si procede). Por lo que tal vez esta asociación deba firmarla otra autoridad.
A manera solo de ejemplo, no podemos negarnos a negociar un contrato de protección de inversiones con Dubai si nos lo exigen. Esta es una condición muy frecuente en este tipo de negociaciones. El problema es que el TBI no puede ser un condicionante para la firma, por cuanto demora mucho su negociación (por lo menos un año incluyendo el procedimiento parlamentario).
El arbitraje internacional debemos aceptar, pero condicionado a que sea sede en América Latina.
Es incorrecto lo que afirma APG (Autoridad Portuaria de Guayaquil) que nuestra legislación no contempla pago por disponibilidad. En el decreto de asociación pública privada se incluye esta posibilidad. Sin embargo, no soy de la idea de aceptar esto en la negociación.
No me queda claro si la carretera Playas-Posorja corre por nuestra cuenta. No tenemos ahora dinero para esto.
Tampoco veo claro lo del dragado.
La respuesta de Solís llegó horas después y en ella le recuerda a Mera quien debe cubrir el dragado y la carretera: “Buenas tardes Doctor. En el caso de la carretera y el dragado, fue condición de que corra por cuenta de ellos y así debe estar en la propuesta y contrato de concesión”.
El 8 de junio de 2016, cuatro días posteriores a la firma del contrato, Alexis Mera instruía a Walter Solís, Jorge Vera y Andrés Martínez, respecto al dragado: “Yo la redacto. Estoy en eso. Hay que proponer traspasarle la tarifa que ahora cobramos por dragado. Mañana te paso un proyecto de respuesta.” Es decir, el dragado no lo pagan ellos, sino los usuarios a través de la tarifa, como se estableció en el contrato.El contrato favorece a DP World, reconoce el Ministro
Faltando un mes para dejar el gobierno, 17 de abril de 2017, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Córdova, remitió un amplio informe al presidente Rafael Correa Delgado, en el que destaca que “… el contrato firmado el 6 de junio de 2016 está a favor del concesionario lo que implica un candado legal al ser ley para las partes…”. Córdova habla de sanciones e incluso de la necesidad de firmar un contrato modificatorio.
Denuncia que casi a un año de la firma del contrato no existía ninguna inversión directa de DP World en el proyecto y que ni siquiera los estudios definitivos del puerto, canal de navegación (dragado) y terminal portuario no habían sido entregados.
Ese mismo 17 de abril, desde la cuenta lineamientos@presidencia.gob.ec , Rafael Correa Delgado, respondió al ministro Boris Córdova, con copia a la cuenta owen.lars@presidencia.gob.ec de Alexis Mera, bajo el título “Puerto Porosa”: “Si el contrato lo hicimos nosotros, ¿cómo puede ser a favor del concesionario?”
Mera respondió el martes 18 de abril, a través de un mail dirigido a Rafael Correa, Boris Córdova y Walter Romero: “La verdad es que la sanción más dura, que es la terminación unilateral, no se puede hacer. Cabría solo multa.” La siguiente línea del mensaje de Mera a Correa, podría ponerse en marco de oro: “Yo no revisé este contrato, por si acaso”. Poncio Pilatos queda como un niño de pecho al lado de Mera.
Las revelaciones contenidas en varios documentos encontrados en los dispositivos de Alexis Mera, no dejan dudas que tanto el contrato de Posorja, como otros documentos fueron revisados y modificados por Carlos De Tomaso del estudio Romero Menéndez. En un mail dirigido por Mera el 17 de junio de 2016 a Walter Solís y Carlos De Tomaso, el exsecretario presidencial dice: «Walter: Revisado por los amigos. Yo no estoy de acuerdo con el último inciso pero lo dejo a criterio de ustedes.», se trataba de observaciones a una resolución de MTOP respecto al dragado del canal. Este documento fue enviado por De Tomaso, luego de sus revisiones. Carlos De Tomaso, es asesor del Municipio de Guayaquil.
Los intereses de tus patrones estaban a salvo, le dicen a Mera
Este capítulo de Posorja, parecido a una escena de Star Wars, se cierra con un cruce brutal de mensajes entre Andrés Martínez y Alexis Mera. A las 15:04:37 del 18 de abril de 2017, Martínez escribe, enfadado:
“¿Para qué dejas que lo saquen a Yoyo Vera (Jorge Vera), pues? Como tus intereses y los de tus patrones ya estaban a salvo, no te importó… El muchacho de mandado del ministro (apelativo puesto por ti) no tiene idea del tema, es enemigo declarado del concesionario, y lo que busca es azuzar a RC (Rafael Correa) para ganar puntos. En lo de fondo, los procedimientos de sanción no pueden estar diseñados en dos meses, unilateralmente, en un contrato de 50 años de duración. El que cree que así debe ser es un idiota e incompetente. En un mes habrá otras autoridades. Ojalá LM (Lenín Moreno) ponga a alguien competente…mira las ineptitudes que haces!”, reclama Martínez y adjunta el informe de Córdova enviado a Correa. Una hora después, Alexis Mera saltó con su respuesta: “todo para DP. Terrible lo tuyo”. “Yo no fui”, la canción que interpreta el mexicano Pedro Fernández, le calzaría perfecta a Mera en esta escena.
Cuatro días antes de publicarse la investigación Arroz Verde (3 mayo 2019) y un mes antes de ser apresado, Alexis Mera, volvió a escribir sobre Posorja. Lo hizo ahora desde la cuenta amera@romeromenendez.com y el destinatario fue Vinicio Alvarado Espinel.
El objetivo esta vez era preparar la defensa legal de Vinicio, vinculado en la denuncia penal presentada por Carlos Figueroa: “Estimado Vinicio: Revisé este tema nuevamente, ahora del lado de tu defensa. Solo advierto dos cuestionamientos de parte de estos miserables…”, señala Mera y le pide obtener algunos documentos.
“Todo esto, si el tema avanza en la Fiscalía”. Momentos después, Vinicio Alvarado agradeció a Mera, a través de un mail copiado a su exasesora María Augusta Enríquez, una de las coordinadoras de la trama de sobornos Arroz Verde, junto a Pamela Martínez y Olga Muentes.
Y es justamente ahí, en la Fiscalía, donde la indagación previa enfrentó tropiezos. El más destacado, sin duda, fue la decisión del Fiscal General Subrogante, Wilson Toainga, de excluir del proceso de investigación a los denunciantes. Así como se lee. Simultáneamente, el Contralor Pablo Celi, también hizo lo suyo: en el informe definitivo introdujo radicales cambios que, en el borrador inculpaban a los más altos funcionarios públicos del gobierno de Rafael Correa y a los responsables de DP World/Nobis. En el informe final, nadie tiene la culpa de nada.
En febrero de 2019, una denuncia penal advirtió sobre el perjuicio económico, riesgo ambiental y posible peculado en ese proceso. La acusación señaló también que hubo tráfico de influencias y apuntó principalmente al expresidente Rafael Correa, al exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, al exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas Paola Carvajal y otros 20 funcionarios.
El proyecto no se ejecutó mediante concurso público como lo exigía la norma. Además, que el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público–Privadas, liderado por Vinicio Alvarado, aplicó los incentivos tributarios al proyecto sin pedir “los pliegos de bases económicas que contemple total o parcialmente la aplicación de incentivos”, “ocasionando un detrimento en la apreciación del pago de este impuesto (renta) en el modelo económico financiero de $317.875.000”.
El proyecto ejecutado a 50 años, conforme lo planteado por DP World Investments, no es rentable, según los indicadores financieros calculados. El Estado solo recibirá el 5% del ingreso bruto de las operaciones portuarias a partir del año 30 de los 50 que dura la concesión.
El Estado se comprometió a no dragar, más allá de los actuales 9.75 metros de profundidad el canal del Puerto de Guayaquil. También pidió que nadie más desarrolle “ninguna capacidad de manejo de contenedores, en un radio de línea recta, 200 kilómetros a la redonda”. Con esa disposición acabó con su competencia, el Puerto de Manta.
Estableció, además, que utilizaría, a manera de derecho exclusivo, 127.94 hectáreas, con una línea costera de 2.270 metros. La oferta de DP World estableció que le deben “proporcionar el derecho de uso de los muelles a los usuarios, y tendrá derecho a imponer y cobrar gastos de alquiler de los muelles libremente”.
Y añade que toda inversión que realice en infraestructura quedaría como propiedad privada del grupo emiratí. “Las tarifas máximas para los servicios básicos se establecen en un porcentaje del 20% por encima de las tasas aprobadas para Operador del Puerto de Guayaquil en 2015”. Pidió además al Estado “no tomar medida alguna con respecto a aranceles, derechos de concesión, subsidios, leyes o reglamentos, etc. que pudieran tener un impacto adverso real en DPW”.Las fechas del despojo
El 15 de febrero de 2016, se firmó el memorando de entendimiento entre el gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), Jorge Vera; el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, en representación del gobierno y Roberto Dunn, delegado de DP World Investments B.V. Como “testigo de honor”, firmó Isabel Noboa, presidenta de la junta directiva del Grupo Nobis. También estuvieron presentes el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el Ministro de Producción Vinicio Alvarado Espinel, hombres de confianza de Rafael Correa.
En mayo de 2016, Correa autorizó el desarrollo, construcción y mantenimiento del puerto, la construcción de un canal de navegación y una carretera para facilidad del puerto.
Antes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) habían asegurado que la propuesta de DP World “tiene un grado de contribución alto” y es de “interés público”. La Secretaría Jurídica de la Presidencia dio luz verde al proyecto y aseguró que “se habrían cumplido los presupuestos para proceder a la contratación directa”.
Ni bien Correa autorizó la construcción del puerto, DP World Investment B.V y la APG firmaron el acta de acuerdo y negociaciones técnicas y económicas. El 2 de junio de 2016, el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas, conformado por Vinicio Alvarado Espinel, presidente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas, Patricio Rivera Yánez, ministro Coordinador de Política Económica, Adolfo Salcedo Glukstadt, delegado de la Subsecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades y Santiago León Abad, secretario Técnico del Comité, aprobó la modalidad de asociación pública privada y la aplicación de los incentivos tributarios al proyecto público del Puerto de Posorja. El Comité autorizó adjudicar el proyecto de forma directa (sin licitación) a favor de DPW.
Al día siguiente, 3 de junio de 2016, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas delegó a la APG para llevar a cabo el dragado y mantenimiento del canal de acceso a las instalaciones del Puerto de Posorja y autorizó a la APG a firmar el contrato. Ese mismo día, Jorge Vera, entonces gerente de la APG, adjudicó la construcción del puerto a DP World Investments B.V.
El 6 de junio de 2016, Jorge Vera Armijos, gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, el Sultan Ahmad Sultan Bin Sulayem, de DP World Posorja S.A., Michael Andrew Bentley, de la compañía DP World Investments B. V., firmaron el contrato.
A esto se suman los incumplimientos ambientales de DPW. La construcción de las obras relacionadas con el levantamiento del puerto es particularmente grave, “porque el área ambiental donde se ejecutan las obras tiene dos tipos de ecosistemas frágiles, considerados como “altamente lesionables”. La Constitución los identifica como “ecosistemas frágiles y amenazados”. Estos son el Manglar del Jama-Zapotillo y el Bosque bajo arbustal deciduo de Tierras bajas del Jama-Zapotilo, que son ecosistemas marinocosteros. Lo que ha ocasionado afectaciones a las especies que los habitan.
El 12 de marzo de este año, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, dispuso la investigación previa en contra del expresidente Rafael Correa, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, del exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas Paola Carvajal, más otras 20 personas por el delito de tráfico de influencias.
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