Añade que es una traición a la patria, que la cúpula de Petroecuador le
cause tal vergüenza internacional al Ecuador, al confirmarse con la
investigación de Reuters, la intermediación petrolera y acusa de
complicidad a la presidenta de la Asamblea, por retener la información
desde hace 6 meses. Petroecuador y Gabriela Rivadeneira, han puesto en
ridículo a Rafael Correa y su campaña de "la mano sucia de Chevron".
¿Con qué cara ahora le van a pedir a los norteamericanos que no compren
productos Chevron, si el gobierno es el primero en venderle crudo
ecuatoriano a su supuesto "acérrimo" enemigo?, cuestionó el
asambleísta.La investigación de la agencia internacional de noticias
Reuters, según la cual grandes volúmenes de petróleo ecuatoriano son
revendidos a las refinerías de Chevron en California-EEUU, por
Petrochina (Taurus Petroleum), pone en ridículo a la campaña de Rafael,
“La mano sucia de Chevron-Texaco”, “show mediático internacional, que
solo servirá para ocultar los grandes negociados en la intermediación
del crudo con China, la explotación del ITT, y las derrotas judiciales
internacionales en los procesos formulados por Texaco en contra del
país”, expresó Cléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik, por la
provincia de Zamora Chinchipe. Otra de las pruebas que aporta la
importante investigación de Reuters, es que Flopec, la empresa de la
Armada, permite que desde sus buques transfieran crudo en alta mar a
otros cargadores, generando una verdadera piratería con el crudo
ecuatoriano, dijo.
Para el legislador amazónico, los reportes de Reuters, confirman de
forma categórica las revelaciones contenidas en el libro Ecuador Made in
China, de Fernando Villavicencio, así como los millonarios perjuicios
económicos, generados en la intermediación con el petróleo ecuatoriano
entregado a Petrochina, denunciados ya por el asambleísta zamorano.
Rafael Correa debe destituir del cargo al gerente de Petroecuador Marco
Calvopiña y al Subgerente de Comercio Internacional Nilsen Arías, además
de exigirle al Vicepresidente Jorge Glas, explicaciones sobre el
nefasto manejo de la política internacional de comercio de
hidrocarburos, expresó Jiménez, al tiempo que responsabilizó a la
Presidenta de la Asamblea; Gabriela Rivadeneira, de encubrir este grave
caso de corrupción petrolera, al mantener en el congelador un pedido de
investigación, planteada por el asambleísta Jiménez el mes de mayo de
2013. Han pasado seis meses y aún no recibo siquiera un papel de la
amplia información que solicité, precisó.
Según Jiménez, el Presidente Correa hizo el ridículo mundial, al llamar
al mundo a boicotear a Chevron, no comprando aceites y productos de la
multinacional, e impulsar el turismo de estrellas de Hollywood,
cantantes y otras figuras de la pasarela, para que manchen sus manos con
el petróleo del pozo Aguarico 4; mientras Reuters sostiene que varios
cargamentos mensuales de crudo ecuatoriano es entregado a las plantas de
Chevron, para la fabricación de los aceites que Rafael pide no compren.
Reuters además, pone en la superficie información documentada respecto
al rol de la compañía Taurus Petroleum, de propiedad de Ben Pollner, un
ciudadano norteamericano investigado por la justicia de USA por un
desvío de USD 18 mil millones del programa “petróleo por alimentos” en
la guerra de Irak. Taurus es la empresa que carga el crudo de Petrochina
en Balao- Esmeraldas y lo revende en EEUU a precios superiores,
ganándose entre 2 y 3 dólares por barril, esas diferencias serían
depositadas mensualmente por Taurus en cuentas del Helm Bank (USA) a
favor del ciudadano ecuatoriano Enrique Cadena Marín (Naparica Corp),
amigo personal de Camilo Samán, Presidente de la CFN, y relacionado con
altos funcionarios del gobierno, cuyos nombres serán revelados
próximamente, anotó Jiménez.
Aunque los organismos de control y de justicia del Ecuador hayan
sucumbido ante el Ejecutivo, y perpetúen la impunidad y la corrupción,
deben saber que en el extranjero el tema está siendo investigado a
profundidad y en las próximas semanas habrá más sorpresas anotó Jiménez,
al tiempo de informar que la justicia de Nueva York lleva adelante una
investigación sobre los ilícitos de la intermediación con el crudo
ecuatoriano y el rol de Enrique Cadena Marín, en este negocio.
Finalmente, el congresista cuestionó también las declaraciones del
canciller Patiño, quien señaló que "no es de responsabilidad del
gobierno controlar el destino del crudo entregado a Petrochina". ¿Patiño
es vocero de Petroecuador? preguntó Jiménez y cuestionó el silencio de
Petroecuador y la urgente defensa emprendida por Patiño Aroca. "Patiño
no tiene idea de la normativa de hidrocarburos y sus comentarios solo
sirven para hacer el ridículo y de cortina para encubrir los negociados
de los intermediarios, vinculados a altos funcionarios del gobierno".
Así mismo, el asambleísta le exigió a Patiño, que antes de opinar,
primero lea el informe de Contraloría, en el cual se confirma que
Petrochina violó el Convenio de Alianza Estratégica, al no llevar el
crudo a sus refinerías. Además afirmó que la propia Ministra de
Finanzas, en junio de 2009, advirtió a Petroecuador que no permita el
libre destino del petróleo porque permite la intermediación y generar
“grandes ganancias a la empresa china”.
Fuente: http://ecuadornoticias.org/index.php/nacionales/politica-y-economia/518-asambleista-clever-jimenez-exige-al-presidente-correa-debe-destituir-a-la-cupula-de-petroecuador-por-caso-chevron-reuters
La CIDH, la última
opción de Cléver Jiménez
En la sede de Pachakutik el legislador Cléver Jiménez baja para recibir a
la prensa nacional. Patricio terán / el comercio
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En la sede de Pachakutik el legislador Cléver Jiménez baja para recibir a
la prensa nacional. Patricio terán / el comercio
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Paúl Zamora M. Redactor politica@elcomercio.com Jueves 16/01/2014
En el país, las instancias a las que pueden recurrir el asambleísta
Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos
Figueroa se agotaron. Con la negación del recurso de casación, por parte
de la Corte Nacional de Justicia, quedó en firme la condena a 18 meses
de prisión para el legislador y su asesor. Así como 6 meses para
Figueroa. La pena establecida por la jueza Lucy Blacio, en abril del
2013, por el delito de injurias también establece el pedido de disculpas
públicas al presidente Rafael Correa y el pago de USD 140 000.
Este juicio se planteó tras las acusaciones de lesa humanidad que los
tres formularon contra Correa, por los hechos del 30-S La condena no se
ejecutará hasta dentro de unos ocho días, puesto que en 48 horas la
sentencia debiera notificarse, a la que solo es posible aplicar los
recursos de ampliación y aclaración que, según los cálculos de los
abogados defensores, únicamente podría dilatar el proceso unos seis días
más.
Ayer fue un día ajetreado para Jiménez y Figueroa. Desde la mañana
tuvieron reuniones en la sede de Pachakutik, con un grupo de abogados,
para definir las futuras acciones que a nivel nacional e internacional
pudiera emprender. Villavicencio no estuvo presente. En Pachakutik, una
fuente dijo que habría salido del país.
El viceministro del Interior, Javier Córdova, dijo desconocer esta
versión y aclaró que estarán atentos.
Su situación es compleja y, como lo explican los abogados, Jiménez,
Villavicencio y Figueroa tienen cuatro caminos: esperar a que los
tiempos trascurran e ir a la cárcel para cumplir la condena; abandonar
el país; buscar un asilo político en alguna embajada o esperar a que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte medidas
cautelares a su favor.
Precisamente, este último punto es por el que apuesta Jiménez quien se
autodefine como un "perseguido político, porque fui juzgado sin que se
me levantara mi inmunidad en un caso donde no se respetó el debido
proceso". En su criterio, esas condiciones debieran ser consideradas por
la CIDH.
Jiménez comenta que hace un mes los tres ya expusieron ante el organismo
hemisférico su situación, adjuntándose además la información
relacionada con el reciente allanamiento a su oficina y a la de
Villavicencio, por las investigaciones sobre un presunto 'hackeo' a los
correos del Presidente y otros funcionarios.
A la CIDH también llegará la confirmación de la sentencia, en el juicio
por el 30-S. "Esperemos que la CIDH actúe a tiempo y evite esta
violación a los derechos humanos".
El jurista Hernán Salgado ratificó que dentro del país las instancias a
las que pueden recurrir Jiménez, Villavicencio y Figueroa se agotaron.
"Han concluidos los trámites internos y queda el camino expedito para el
reclamo internacional".
Él compara este caso con el de diario El Universo en donde la Corte
Nacional de Justicia ratificó la sentencia en su contra, ante lo que la
CIDH dictó medidas cautelares. De darse estas acciones se suspendería la
detención de los inculpados hasta que el caso sea conocido por la
Comisión. Si aquello sucede, Salgado dice que el Estado está obligado a
acatarlas medidas, caso contrario el Ecuador "quedaría como un país que
irrespeta los derechos humanos". "Todo está allanado para que intervenga
la CIDH, no queda otro camino".
Pero el abogado del presidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, sostiene
que la intervención de la CIDH en este caso estaría demás pues este
organismo solo puede intervenir cuando hay violaciones a los derechos
humanos, pero en este caso eso no sucedió.
"Quien fue violado en sus derechos fundamentales al haber sido acusado
de delitos atroces fue el señor Presidente, la honra también es un
derecho fundamental". Ochoa ratificó que en el caso de Jiménez hubo un
delito cometido, un debido proceso y una sanción que se impone por el
cometimiento de un delito. "Ahora todos los delincuentes de este país
van a pedir que intervenga la CIDH argumentando que ha sido violentado
su derecho humano a la libertad o cualquier otro".
Diversas reacciones dentro de la Asamblea
La confirmación de la sentencia contra el legislador Cléver Jiménez fue
rechazada por los asambleístas de oposición. Los oficialistas no
criticaron la medida. Para el primer grupo se irrespetó la condición de
la inmunidad parlamentaria , con lo cual la intención sería amordazar a
las voces críticas. Para los oficialistas se trató de un proceso legal,
apegado a derechos y donde se sancionó de manera regular un delito.
El oficialista Mauro Andino pidió no confundir inmunidad con la
impunidad, pues "so pretexto de ser asambleístas no se puede denigrar o
injuriar. Si Jiménez cometió un delito y luego del proceso fue condenado
debe cumplir".
Luis Fernando Torres (Creo) califica la condena como una "crónica de una
muerte legislativa anunciada". "Jiménez peleó ante una justicia
sometida y fue despojado de su inmunidad de manera arbitraria e
inconstitucional por una jueza que no ha leído la Constitución".
En contexto
Dos procesos rodean a Jiménez y a Villavicencio. El primero es la
contrademanda que planteó el Presidente por unas acusaciones que los dos
le formularon a propósito del 30-S. Este caso se sentenció ya en la
Corte Nacional. El otro es una indagación por el supuesto espionaje de
correos, "En ocho días perderé mi condición de asambleísta de la
República e iré preso, perderé la libertad y también la curul, todo de
golpe".
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/politica/Clever_Jimenez-CIDH-juicio-prision_0_1067293362.html.
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