REUNIÓN. En Puyo dialogaron representantes de la NAWE y entidades gubernamentales.
La dirigencia de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y las autoridades gubernamentales llegaron a un acuerdo ayer durante una reunión mantenida en Puyo, tras el ataque que se produjo el miércoles en el campamento petrolero de la empresa brasileña Petrobell.
El pedido de la NAWE fue que los seis ‘waos’ que se encuentran detenidos salgan de la cárcel. A cambio, ellos se comprometen a no volver a atacar o provocar incidentes en las instalaciones de la petrolera, informó Moi Enomenga, presidente de la organización.
Según el dirigente, los delegados de las diferentes instancias del Gobierno estuvieron de acuerdo. Para verificar que se dé cumplimiento, hoy en la mañana está previsto que se trasladen a Coca para hablar con la Gobernadora de Orellana.
Los siete waoranis detenidos tuvieron la audiencia de flagrancia el jueves, donde uno recibió medidas sustitutivas a la prisión por ser de la tercera edad. Enomenga explicó que si los seis indígenas son liberados, hoy mismo acudirán a la comunidad de Tiwino, ubicada en el bloque 66, donde opera Petrobell.
“Yo creo que hay solución mañana (hoy)”, afirmó Enomenga, quien no quiere que se repitan episodios similares.
El panorama
Esta no es la primera vez que se da un ataque a la compañía, sino que constituye uno más dentro de la historia de roces, explicó Eduardo Pichilingue, director del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador.
Desde que la empresa Texaco estuvo a cargo del campo, que luego pasó a Petrocol, inició una relación de asistencialismo, en la que los miembros de las comunidades de Tiwino y Bataboro recibían dinero, balones, raciones alimenticias, viviendas, a cambio de proteger la zona. “Los manejaban a su antojo”, dijo Pichilingue.
Pero, dentro de ese acercamiento petroleras-comunidades se produjeron varios incidentes, en los que los indígenas atacaron las instalaciones o protestaron, como en 2011, cuando fueron acusados de sabotaje y terrorismo. Mientras, en diciembre de 2012 cerraron el acceso a un pozo de Petrobell por la misma razón.
Tras los hechos ocurridos en 2013, con la matanza de los ancianos wao Ompure y Buganey, el Estado decidió absolver a los indígenas acusados en 2011.
Otra de las dificultades se generó desde que la empresa pública Ecuador Estratégico es la que ejecuta los proyectos de desarrollo, y ya no las empresas. Los indígenas no ven que se concreten los ofrecimientos. Uno de ellos era la construcción de alrededor de 70 casas. Por esto, se habría producido el último incidente. (AGO)
El Dato
En la reunión hubo delegados del Ministerio de Justicia, Ecuador Estratégico, Gobernación de Pastaza y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101770794#.VLGsQsV5NdY
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