La Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Eficiencia de la Contratación Pública este miércoles 11 de enero de 2017 con 75 votos a favor, 13 en contra y 1 blanco.
El cuerpo legal incluye un nuevo impuesto: una contribución especial de mejoras por obra a cargo del Gobierno central o municipios, que deberán pagar los usuarios cuando un inmueble esté cerca de una obra pública como un intercambiador, escuelas del milenio y demás.
La recaudación se realizará cuando concluya la obra. El monto a recaudar no podrá superar el 50% del beneficio generado por la obra pública.
¿Cómo funcionará esta nueva Ley?
Aquí el Análisis.
Con esto ya suman 32 impuestos que gravan la economía de los ecuatorianos. El impuesto anterior fue la plusvalía extraordinaria que entró en vigencia con la aprobación de la Ley contra la especulación del valor de la tierra.
La ley aprobada durante esta jornada, además, perfeccionará los procedimientos de contratación y mejorará los tiempos administrativos, sin afectar la transparencia, según el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, Richard Calderón.
Debido a que el pago por concepto de obras y servicios que contrata el
Estado puede demorar, se permitirá que los derechos de cobros aceptados
para el pago se negocien en el mercado de valores, para ello se
establece una excepción a la prohibición de cesión de los derechos y
obligaciones emanadas en los contratos.
En su momento, asambleístas como Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) y René Yandún (Movimiento Integración Democrática del Carchi) consideraron que es un nuevo impuesto y que si, a través de la Ley de Plusvalía los recursos son destinados al Municipio, con esta nueva normativa los recursos que se generen irán al Gobierno.
El proyecto también incluye condiciones para declaratoria de utilidad pública, negociación y precio una vez establecida la declaratoria de utilidad pública, como resolver la falta de acuerdo, expropiación parcial, entre otros temas.
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