A partir de este uno de septiembre el presidente Moreno tienen un solo documento para cumplir su intención de ahorrar recursos públicos: el decreto ejecutivo 135 que establece normas de "austeridad" que aplicará el Estado ecuatoriano.
Con 31 artículos, cuatro disposiciones
transitorias y una final, el primer mandatario ordena a las
instituciones públicas "incluidas las Empresas Pública" con excepción de
entidades del régimen autónomo descentralizados, es decir Municipio,
Prefecturas y Juntas Parroquiales.
El Decreto establece 12 medidas de inmediata aplicación en temas de remuneraciones, viáticos y volumen de personal pero también sobre organización de eventos y contratos de publicidad.
La primera de las medidas, que el propio
Moreno lo anunció en cadena de televisión, es la de reducir en un 10%
la remuneración a los funcionarios que más ganan (considerados como
como grado 2 del nivel jerárquico)
Además dispone la eliminación de las
vacantes de todas las instituciones del Estado y pide a Senplades
identificar las instituciones que deben ser eliminadas.
El listado de medidas para optimizar el gasto son las siguientes:
- Las empresas petroleras públicas deberán evaluar las cargas óptimas de sus funcionarios y obreros.
- Las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público serán autorizadas por la máxima autoridad hasta un monto de 30 horas al mes.
- El Ministerio de Trabajo y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) identificarán las unidades que deban ser eliminadas.
- Igualmente se deberá racionalizar los programas públicos.
- Además, se racionalizará el pago de viáticos por gastos de residencia, los viajes al exterior, la movilización interna, la compra de pasajes y se prohíbe la compra de vehículos, el uso de sirenas y balizas en vehículos oficiales, la realización de eventos públicos y de capacitación en locales privados.
- Las instituciones públicas de la Función Ejecutiva podrán contratar publicidad previa autorización de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).
- Se dispone la enajenación de los activos inmuebles improductivos de las entidades a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
- Se dispone la reducción de personal asignado a la seguridad de las autoridades.
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