El Ministerio de Educación entregó a la Fiscalía 256 expedientes de delitos sexuales para su reapertura. Los acusados actualmente son notificados. La Fiscalía General del Estado ha recibido, hasta el momento, los sumarios administrativos de 256 docentes por presuntos casos de violencia sexual en el período 2014-2017. Del total de expedientes que entregó el Ministerio de Educación (MinEduc), 181 estaban archivados, mientras que en los 75 restantes se aplicaron suspensiones temporales que, según Fander Falconí, titular de la cartera de Educación, necesitan ser analizadas exhaustivamente.
Marcelo Jaramillo, coordinador jurídico del MinEduc, informó que hasta diciembre del año pasado, 107 docentes (de 256) ya fueron separados de los establecimientos en los que dictaban clases después de su reubicación. La exclusión del magisterio se da para que se realicen las investigaciones y, de ser el caso, se emita una formulación de los cargos y un juicio en contra del acusado.
Agregó que los presuntos infractores serán notificados y en una audiencia los escucharán. Las autoridades que en su momento estuvieron al frente y tomaron una decisión desacertada también serán notificadas. Lo mismo sucederá con las familias de las víctimas. El Ministerio del ramo hizo público en octubre de 2017 el registro de 882 casos de violencia y delitos sexuales detectados en el sistema educativo.
Las alarmantes cifras hicieron que se emitieran dos decretos: el 2017-00052-A y el 2017-00055-A. El primero establece que, en caso de conocer de una denuncia, el proceso debe estar documentado. Los docentes y administrativos deben colaborar y responder ante la Fiscalía. El artículo 10 prohíbe el traslado del profesor a otro establecimiento educativo y obliga a las oficinas distritales a denunciar los casos ante la Fiscalía. Dicha disposición ya figura en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Sin embargo, el informe de la Comisión Aampetra señaló que no siempre se cumplía. El segundo modifica los procesos de contratación estableciendo, entre varios puntos, la creación de comisiones para la contratación de maestros y la obligatoriedad de que los pedagogos y directivos cuenten con los años de experiencia necesarios para ejercer. Para el año en curso, el MinEduc aumentó el 16% en su presupuesto.
De acuerdo con Falconí, el porcentaje está orientado a los aspectos de protección de derechos. Uno de ellos es cubrir los vacíos profesionales que aún persisten en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y lograr estabilidad en los cargos directivos de los centros públicos. La reparación de las víctimas El MinEduc firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para establecer vínculos de cooperación y desarrollar acciones que garanticen la atención a las víctimas de violencia sexual en el sistema académico. Al respecto, Rosana Alvarado, titular de la cartera de Justicia, indicó que el MinEduc realiza un desembolso importante para que la entidad que dirige ejecute medidas de reparación a través del Servicio Especializado de Protección Especial a Víctimas de Violencia (SEPE).
Asimismo, Joaquín González, representante de la Unicef, presenció la suscripción y agregó que el objetivo es garantizar -para el afectado- su desarrollo normal, concluir sus estudios y proyectos de vida. (I)
Fuente: El Telégrafo
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