La asambleísta Soledad Buendía junto a Jorge Glas y otros cinco funcionarios estatales recibieron 3,3 millones de dólares en sobornos de Caminosca, según un informe.
Esa empresa, fundada el 13 de mayo de 1976, fiscalizó proyectos ejecutados por el gobierno de Correa, como la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la optimización de generación eléctrica del distrito Amazónico.
El 6 de julio del 2017, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado.
Soledad Buendía, autodenominada “correísta hasta morir” y vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), siempre estuvo en contra de llevar a juicio político al exvicepresidente Jorge Glas. “El vicepresidente es el único ciudadano al que no se le permite el derecho a la defensa y se lo ha sentenciado ya, a través de titulares de prensa”, afirmaba antes de la sentencia de Glas.
El 15 de julio del 2017 la legisladora correísta fue llamada a rendir su testimonio y ella difundió en Twitter la citación de la fiscalía dentro de la investigación No 025-2017-FGE.
Caminosca utilizó dos “offshors” para suscribir subcontratos con el fin de justificar, bajo la apariencia de legalidad, pagos ilícitos a los funcionarios ecuatorianos.
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