La Contraloría de Ecuador anunció el lunes que abrirá una auditoría a la deuda pública del país contraída en los últimos cinco años del gobierno del expresidente Rafael Correa, a fin de determinar su legalidad, las fuentes y el uso dado a los recursos.
Para realizar el estudio, la entidad de control creó un equipo con reconocidos economistas, juristas y empresarios, quienes analizarán el procedimiento y la metodología del análisis técnico de la deuda contraída entre enero del 2012 y mayo del 2017 y presentarán observaciones y recomendaciones a fines de abril.
La Contraloría decidió aplicar la auditoría tras un informe preliminar presentado por sus técnicos que reveló la existencia de una declaratoria de reserva y secreto de la documentación, y que la venta anticipada de crudo había sido excluída de las operaciones de deuda pública.
"Se dispuso la conformación de una veeduría ciudadana porque parto de la convicción de que el control público debe realizarse con participación ciudadana, que coadyuvan a la transparencia y confianza en la acción pública", dijo el contralor Pablo Celi, a la prensa.
La autoridad dijo además que notificó a Correa y exfuncionarios del Ministerio de Finanzas sobre el estudio especial a la deuda externa e interna.
Moreno, quien ha cuestionado el manejo económico de su antecesor, reveló días después de asumir el cargo en mayo del año pasado que la deuda pública histórica del país a ese momento alcanzaba los 41.893 millones de dólares, a los cuales se sumaban otros pasivos con petroleras y operaciones a corto plazo.
"Recién me entero de un supuesto informe preliminar sobre la auditoría de la deuda y de una comisión de notables, en la cual hay varios odiadores de la RC (Revolución Ciudadana). !Ya es descarado!", dijo Correa en su cuenta de Twitter.
El expresidente calificó más tarde en la ciudad de Guayaquil como una "vulgar persecución" al anuncio de la Contraloría y defendió su gestión en el sector económico del país.
El exmandatario se encuentra en Ecuador liderando una campaña por el "No" para el referendo del 4 de febrero sobre reformas constitucionales, entre las que se encuentra la prohibición de la reelección indefinida, una medida que lo mantuvo una década en el poder.
Para realizar el estudio, la entidad de control creó un equipo con reconocidos economistas, juristas y empresarios, quienes analizarán el procedimiento y la metodología del análisis técnico de la deuda contraída entre enero del 2012 y mayo del 2017 y presentarán observaciones y recomendaciones a fines de abril.
La Contraloría decidió aplicar la auditoría tras un informe preliminar presentado por sus técnicos que reveló la existencia de una declaratoria de reserva y secreto de la documentación, y que la venta anticipada de crudo había sido excluída de las operaciones de deuda pública.
"Se dispuso la conformación de una veeduría ciudadana porque parto de la convicción de que el control público debe realizarse con participación ciudadana, que coadyuvan a la transparencia y confianza en la acción pública", dijo el contralor Pablo Celi, a la prensa.
La autoridad dijo además que notificó a Correa y exfuncionarios del Ministerio de Finanzas sobre el estudio especial a la deuda externa e interna.
Moreno, quien ha cuestionado el manejo económico de su antecesor, reveló días después de asumir el cargo en mayo del año pasado que la deuda pública histórica del país a ese momento alcanzaba los 41.893 millones de dólares, a los cuales se sumaban otros pasivos con petroleras y operaciones a corto plazo.
"Recién me entero de un supuesto informe preliminar sobre la auditoría de la deuda y de una comisión de notables, en la cual hay varios odiadores de la RC (Revolución Ciudadana). !Ya es descarado!", dijo Correa en su cuenta de Twitter.
El expresidente calificó más tarde en la ciudad de Guayaquil como una "vulgar persecución" al anuncio de la Contraloría y defendió su gestión en el sector económico del país.
El exmandatario se encuentra en Ecuador liderando una campaña por el "No" para el referendo del 4 de febrero sobre reformas constitucionales, entre las que se encuentra la prohibición de la reelección indefinida, una medida que lo mantuvo una década en el poder.
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