Este miércoles 09 de enero de 2019, ciudadanos de diferentes sectores del área minera del cantón Zamora marcharon por las calles céntricas de la capital y se concentraron frente a la Gobernación para exigir que se atienda el problema en torno al caso "Cumbaratza".
Los marchantes piden a las autoridades que se ejecute la sentencia del 10 de enero de 1996, donde ya se dio la razón al Estado Ecuatoriano y no a la empresa Cumbaratza, que tiene actualmente una sentencia emitida en 2018 a su favor y le permitiría ser dueña de las 30.000 mil hectáreas en disputa.
CASO CUMBARATZA
En el mes de diciembre del año 2005, autoridades encargadas de dar solución al problema mencionaron en la ciudad de Zamora, que con oficios número 068-82 del 27 de febrero del 2004; 206-06 del 7 de noviembre del 2005 y 180 del 31 de julio del 2001, notifican al señor Carlos Peña Mateus, gerente general de La Cumbaratza, a efecto que presente el título minero vigente debidamente inscrito en el plazo de tres días; sin embargo, no lo hizo y se remitió al expediente para su archivo de acuerdo a la ley de minería; razón por la cual todas las peticiones del área Cumbaratza uno a la diez fueron archivadas y por lo tanto la regional de minería tuvo la obligación de proseguir las acciones pertinentes de aquellas solicitudes de concesiones mineras en trámite. Donde definitivamente la empresa cumbaratza perdía sus derechos sobre las 30.000 hectáreas.
SENTENCIA A FAVOR DE LA EMRESA CUMBARATZA
Pero contraria a la sentencia del 10 de enero de 1996, existe un fallo judicial del Tribunal Distrital 2 de lo Contencioso Administrativo del Guayas, emitido el 14 de agosto del 2018, favoreciendo a la empresa "Cumbaratza" para que tenga derecho a las 30.000 hectáreas que abarca a los sectores: San Carlos de las Minas, Cumbaratza, Timbara, Guayzimi Alto, entre otros sitios de la provincia de Zamora Chinchipe.
Estado garantizará 262 derechos mineros en el polígono Cumbaratza
Durante una rueda de prensa, el lunes 21 de agosto del 2018, el viceministro de Minería Henry Troya ratificó la posición del Estado ecuatoriano de respetar los 262 títulos mineros otorgados en el polígono Cumbaratza, para los regímenes de pequeña minería, artesanal, libres aprovechamientos y gran minería.
El pronunciamiento se dio, luego de la notificación de un fallo judicial del Tribunal Distrital 2 de lo Contencioso Administrativo del Guayas, en el que ordena la inscripción de 30 mil hectáreas, a favor de la empresa minera Cumbaratza, mediante 10 títulos mineros de 3 mil hectáreas cada uno.
El Viceministro indicó que esta sentencia resulta inaplicable en tanto se vulneran derechos de terceros, que en este caso, corresponden a los mineros de la zona, que “recibieron sus títulos en debido derecho y que actualmente desarrollan sus actividades”.
Al respecto, el Viceministro indicó que esta sentencia resulta inaplicable en tanto se vulneran derechos de terceros, que en este caso, corresponden a los mineros de la zona, que “recibieron sus títulos en debido derecho y que actualmente desarrollan sus actividades”.
“Estamos haciendo respetar los derechos mineros de pequeños, medianos y artesanales que se encuentran en el área en litigio de Cumbaratza. No vamos a afectar a ninguno de ellos. Es el compromiso del Estado velar porque ningún derecho sea menoscabado”, reiteró Troya.
También indicó que existen presunciones de actos indebidos por parte de ciertos funcionarios, por lo cual se iniciarán las investigaciones en el marco del debido proceso. Fue enfático en señalar que ningún acto de corrupción puede quedar impune.
Ecuador impulsa una minería controlada, legal y responsable que cumpla con los más altos estándares de la industria, genere trabajo y se desarrolle respetando el marco jurídico vigente.
Caso Cumbaratza
– La empresa Cumbaratza y el Estado ecuatoriano mantuvieron un litigio por más de 30 años, por un área de 30 mil hectáreas en la provincia de Zamora Chinchipe.
– El proceso judicial comenzó con la ejecución del Decreto Ejecutivo Nro. 426 del presidente Leon Febres Cordero, publicado el 17 de enero de 1985.
– Se determinó la caducidad de la concesión y la empresa presentó un reclamo judicial.
– En la contienda hubo dos sentencias de casación. La primera del 10 de enero de 1996, le dio la razón al Estado y determinó que dicha área queda libre para ser nuevamente concesionada; pero una segunda le dio la razón a la empresa. En esta última se ordenó al Estado que no otorgara concesiones o declare nulas las áreas mineras ya concesionadas dentro de los 30.000 hectáreas que originalmente fueron otorgadas a la empresa por medio de un contrato con el Estado.
– En 2005, el exprocurador del Estado, José María Borja, ratificó la sentencia del 10 de enero de 1996. DCS / Ministerio de Minería.
MAPA DE LA ZONA MINERA
Recopilación: Raúl Javier Lojano.
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