Siguen las Injusticias en Caso de Desaparecidos.
La fiscal Mayra Soria, una de las pocas especialistas en género, no podrá participar en la audiencia preparatoria de juicio del caso de Juliana Campoverde. La diligencia está prevista para el próximo 5 de febrero en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El 23 de enero, el Consejo de la Judicatura saliente decidió suspender a Soria por 30 días, a pesar del voto de oposición de la vocal Angélica Porras. A Soria se le sancionó por un caso de 2013, en donde, según el CJ, no hubo impulsos fiscales.
Para la vocal Porras, la medida es desproporcional, sobre todo cuando la fiscal justificó una sobrecarga procesal. Soria indicó que los fiscales de género tienen entre 5.000 y 7.000 causas. Porras precisó que en el caso por el que se juzgó a Soria también actuaron fiscales de primera instancia, quienes debieron ejecutar las acciones por las cuales se le acusa a Soria. La fiscal rechazó la medida.
"Quienes me conocen saben que mis actuaciones han sido y son apegadas a la justicia y al derecho y totalmente transparentes". Considera que la decisión de tres de los cuatro vocales del CJ (Aquiles Rigail, Marcelo Merlo y Zobeida Arangundi) es "totalmente injusta". Soria indicó que "a pesar de que hoy me apartan 30 días de varios casos y me quitan el sueldo durante un mes, nada de esto aplaca mi compromiso con la causa justa".
La fiscal no descarta luego del tiempo sanción pedir el cambio a otras áreas de investigación. Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía rechazó la medida contra Soria y los fiscales Thalía Coronel, Rolando Gualoto y Jorge Arévalo, al considerar que la sanción administrativa carece de una debida motivación, por ende no justifica la suspensión de 30 días.
"Cada uno de los casos que investigan los agentes fiscales mencionados han sido debidamente fundamentados y motivados, por lo cual se han resuelto con base en los elementos existentes en cada causa", indicó la Fiscalía.
A criterio de esta institución, la sanción no considera la carga laboral heredada de años y falta de recursos con que cuenta la institución, como el déficit de personal. Considera que la resolución del Consejo de la Judicatura "atenta contra la autonomía del sistema judicial, pues las decisiones de los fiscales han sido objeto de control jurídico por parte de los jueces, quienes no han observado situación anómala en las actuaciones fiscales".
Fuente: EL TELÉGRAFO
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