La exdirectora general del hospital Carlos Andrade Marín, coordinadora nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), asesora del despacho del Ministro de Industrias y coordinadora general de planificación del Ministerio de Industrias, entre el 1 de enero de 2010 y 15 de junio de 2015, María Sol L., fue sentenciada a 56 meses de cárcel y al pago de $ 3,6 millones.
La resolución fue adoptada ayer por la jueza de garantías penales Ana Guerrón, en la audiencia preparatoria de juicio contra la exfuncionaria, en el proceso que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.
El juzgamiento se agilizó, luego de que la procesada, con el visto bueno del fiscal del caso, Galeano Balcázar, se acogió al sistema de procedimiento abreviado, luego de aceptar la responsabilidad del delito y comprometerse al pago de la reparación.
Durante la audiencia, la jueza dispuso un receso para que se defina el procedimiento abreviado, el cual se acordó entre las partes luego de más de una hora de conversaciones.
Aceptar una pena de 56 meses de privación de la libertad, una reparación integral de $ 1,4 millones al IESS y $ 1,2 millones al Ministerio de Industrias, a más del pago de una multa de 40 salarios básicos unificados ($ 15.440) y la devolución de cerca de
$ 1 millón del perjuicio fue el acuerdo con el que se viabilizó el juicio.
El beneficio para la procesada, en cambio, es asegurar una pena de 56 meses en lugar de 10 años que estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el delito de enriquecimiento ilícito.
El fiscal Galeano Balcázar también pidió el comiso de los bienes de la procesada, pero en la parte proporcional que le corresponde, ya que al ser casada, el 50% le pertenece a su esposo.
En la audiencia en la que actuó el defensor público, Víctor Huilcapi, como abogado de María Sol L., asistido por el Dr. Erwin Romero, quien no fue calificado por la jueza para que actúe, aunque colaboró con Huilcapi, se dio a conocer que el monto del enriquecimiento ilícito confirmado mediante pericia es de $ 999.991,45. (I)
La resolución fue adoptada ayer por la jueza de garantías penales Ana Guerrón, en la audiencia preparatoria de juicio contra la exfuncionaria, en el proceso que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.
El juzgamiento se agilizó, luego de que la procesada, con el visto bueno del fiscal del caso, Galeano Balcázar, se acogió al sistema de procedimiento abreviado, luego de aceptar la responsabilidad del delito y comprometerse al pago de la reparación.
Durante la audiencia, la jueza dispuso un receso para que se defina el procedimiento abreviado, el cual se acordó entre las partes luego de más de una hora de conversaciones.
Aceptar una pena de 56 meses de privación de la libertad, una reparación integral de $ 1,4 millones al IESS y $ 1,2 millones al Ministerio de Industrias, a más del pago de una multa de 40 salarios básicos unificados ($ 15.440) y la devolución de cerca de
$ 1 millón del perjuicio fue el acuerdo con el que se viabilizó el juicio.
El beneficio para la procesada, en cambio, es asegurar una pena de 56 meses en lugar de 10 años que estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el delito de enriquecimiento ilícito.
El fiscal Galeano Balcázar también pidió el comiso de los bienes de la procesada, pero en la parte proporcional que le corresponde, ya que al ser casada, el 50% le pertenece a su esposo.
En la audiencia en la que actuó el defensor público, Víctor Huilcapi, como abogado de María Sol L., asistido por el Dr. Erwin Romero, quien no fue calificado por la jueza para que actúe, aunque colaboró con Huilcapi, se dio a conocer que el monto del enriquecimiento ilícito confirmado mediante pericia es de $ 999.991,45. (I)
Fuente: eltelegrafo.com
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