El último miércoles, prestatarios de servicios de la empresa minera marcharon por las calles de Zamora.
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, indicó, en rueda de prensa, que están obligando a los trabajadores de la empresa minera china ECSA a participar de las marchas de respaldo en favor de esta compañía.
Quishpe indica que la empresa minera ha sido suspendida un 40% de sus actividades del proyecto Mirador, por una sanción administrativa impuesta por el Ministerio del Ambiente y penalmente demandada ante la Fiscalía, por el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en algunos de sus trabajos.
Al respecto, el prefecto dijo haber recibido llamadas de algunas de las personas que laboran en esta empresa minera china, aduciendo que, “sino vienen a la marcha que se realiza en Zamora, no seguirán siendo trabajadores y no se firmarán los contratos respectivos”.
De igual manera, sucedió en la marcha de apoyo que se dio en El Pangui, días atrás. “Frente a la necesidad del trabajo, no les queda otro camino que venir y hacer presencia en favor de la marcha, sólo ahí se demuestra la debilidad y la forma de como utilizan a las personas para sus intereses”, acentuó.
Ante lo expuesto, la autoridad, manifestó que se debe decir con claridad a esta empresa minera que “no son las marchas las que les van a salvar de sus faltas, ante el incumplimiento del plan de manejo ambiental, no son las marchas del pueblo las que les va a salvar de los supuestos delitos ambientales, cometidos en estos últimos tiempos”.
El primer personero de la Prefectura informó a la provincia que no en vano esta empresa está pagando una sanción administrativa, con la suspensión del 40% de las actividades del proyecto Mirador, por parte del Ministerio del Ambiente.
“Sería bueno que la empresa minera ECSA dé a conocer a Zamora Chinchipe, que fue el Ministerio del Ambiente en el 2017, el que hizo una auditoría a los trabajos que cumplen en Tundayme, encontrando una larga lista de faltas, entre ellas, no tenían el permiso de las autoridades competentes para utilizar el material pétreo de las playas junto a los ríos Tundayme y Quimi, no tenían el permiso de la Secretaría del Agua”, subrayó el funcionario.
El informe técnico del Ministerio del Ambiente consiste en unas 300 fojas, que detalla las causales por las cuáles se les puso una sanción administrativa. La autoridad provincial dice haber revisado todo el informe y de acuerdo con el Código Penal Integral (COIP), los delitos ambientales, ameritan este tipo de sanciones. Pues, con fecha 8 de mayo, el prefecto provincial presentó la demanda penal en la Fiscalía General del Estado.
En contraparte, uno de los manifestantes, Juan Carlos Tandazo, transportista del cantón El Pangui, asegura que llevan tres sin meses sin poder trabajar, debido a las prohibiciones que enfrenta la empresa minera ECSA. Asegura que él y sus compañeros están participando de la marcha de manera libre y voluntaria, sin ningún tipo de condicionamiento u obligación, aseveró. (WRSA)
TOME NOTA
En la manifestación de respaldo a la empresa china, participaron integrantes de la Federación Shuar, proveedores de alimentos, confeccionistas de uniformes, hoteleros, transportistas de camionetas y volquetes.
Fuente: La Hora
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