Hasta el cierre de esta edición, la situación jurídica del asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez y los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, se mantenía en compás de espera de que se ejecutoríe la sentencia que pesa en su contra, por el delito de injurias contra del presidente Rafael Correa.
Los procesados Jiménez y Villavicencio fueron
condenados a 18 meses de prisión, y Figueroa a 6 meses, y al pago de
140.000 dólares, en calidad de indemnización por daños y perjuicios al
Presidente de la República.
El sábado 15 de marzo, Julio César Sarango, abogado defensor de los tres procesados, presentó en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, un escrito pidiendo se declare la nulidad de la resolución de la Sala por la cual se les contesta el pedido de ampliación y aclaración de la sentencia, aduciendo que los jueces actuaron sin competencia.
También presentaron un recurso de apelación a la negativa de remitir en calidad de consulta a la Corte Constitucional, para que se pronuncie respecto de los Arts. 39.1 del Código de Procedimiento Penal y 494 del Código Penal, que se refieren a la calificación de la malicia y temeridad de una denuncia.
En la Sala Penal de las juezas Mariana Yumbay y Gladys Terán, y del juez Vicente Robalino, se mantuvo absoluta reserva respecto del escrito presentado por la defensa de los procesados, pero una fuente que prefirió el anonimato, dijo que después de los recursos de ampliación y aclaración de una sentencia, no caben más recursos, excepto el de revisión que no impide la ejecución de la sentencia, y que cualquier petición o escrito que se presente, puede ser considerado un incidente para demorar la ejecución de este fallo y esto puede ser motivo incluso de una sanción, conforme del Código Orgánico de la Función Judicial.
No obstante, Julio César Sarango, dijo que sus peticiones están debidamente motivadas y sustentadas legalmente, pero si quieren ejecutar la sentencia, que lo hagan, porque sus clientes no se van a esconder y sabrán asumir sus responsabilidades como hombres de bien, pero respecto del dinero (140.000 dólares) no podrán pagar, porque no lo tienen.
Actividades normales
Por su parte los procesados Cléver Jiménez, asambleísta por Pachakutik, y el médico Carlos Figueroa mantuvieron ayer sus actividades cotidianas, a pesar de que se tiene previsto que en las próximas horas se ejecutoríe la sentencia y se dicte orden de prisión.
El legislador estuvo ayer en Quito luego de pasar el fin de semana en Zamora Chinchipe. Llegó en la mañana a la capital y se dirigió directo a su vivienda ubicada en el camino a Guápulo. En horas de la tarde se tenía previsto que se reúna con Figueroa y con sus abogados para conocer cómo avanza la situación jurídica.
Por su parte el médico atendió en su consultorio particular y dijo que no tiene intenciones de salir del país. Aseguró que hay inconsistencias en el proceso por lo que no tiene pensado ni pagar la multa impuesta ni pedir disculpas públicas al primer mandatario tal como ordena la sentencia. “Sabemos perfectamente que el Gobierno y la justicia dependiente del Gobierno se va sobre el orden normal de las cosas. Si irrespeta el debido proceso podría evidentemente emanarse en cualquier momento una orden de prisión”, dijo el galeno. Añadió que una vez que se agoten las instancias legales, él mismo se presentará ante las autoridades “no porque reconozca a la justicia ecuatoriana, sino porque sé que en estos momentos tan duros que vive nuestra patria no hay forma que se proceda legalmente”.
En riesgo, curul de Jiménez
° En la Asamblea se dio por descontado que apenas sea detenido Jiménez perderá su calidad de legislador y deberá posesionarse su alterno Milton Gualán. La asambleísta oficialista Dora Aguirre manifestó que la inmunidad parlamentaria no cubre a Jiménez, ya que esta se aplica cuando se traten temas legislativos, lo que a su criterio no ocurre con el parlamentario de oposición.
Pero para Ricardo Moncayo (CREO), el proceso es ilegal ya que Jiménez fue juzgado sin que la Asamblea tome una decisión sobre si ameritaba o no levantarle la inmunidad. “La jueza (Lucy) Blacio tenía que haber pedido a la Asamblea la autorización”, añadió Moncayo. (HCR)
El Dato
Fernando Villavicencio, activista de Polo Democrático y asesor del asambleísta Jiménez, se encuentra en los EE. UU.
Fuente: Diario La Hora.
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