Los dispositivos se usarán en personas con arresto domiciliario (enfermedades incurables y embarazadas), y que tengan prohibido salir del país.
Una vez que se realizaron las pruebas tecnológicas a los brazaletes electrónicos que fueron ofertados por ocho empresas interesadas, el Gobierno contrató a la empresa china National Electronics Import & Export Corp. (Ceiec), para la dotación de 4.000 dispositivos.
“Tenemos previsto que en octubre llegue el primer grupo de dispositivos electrónicos que serán utilizados de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, señaló la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga. Se efectuaron “las pruebas de concepto, una manifestación de interés” que fue puesta en conocimiento de las ocho empresas interesadas en participar porque no existe tecnología de este tipo en Ecuador que ofrezca el servicio. Hasta octubre estará lista la plataforma, luego de que la empresa adjudicada superó las pruebas tecnológicas.
Para la implementación se trabajará dentro del ECU911. Estos dispositivos serán empleados en personas que cometan delitos menores y que para asegurar su presencia en el juicio no sea necesario que vayan a un centro penitenciario.
También, se aplicará a las personas con arresto domiciliario, enfermedades catastróficas y mujeres embarazadas; así como los internos que cumplieron un porcentaje considerable de la pena, siempre que no hayan cometido delitos de conmoción nacional o que revistan de alta peligrosidad. Entre los requisitos técnicos exigidos por el Ministerio de Justicia consta que la plataforma permitirá el control simultáneo de al menos 10.000 dispositivos de vigilancia. También registrar y almacenar los datos, alarmas y eventos en el sistema para el período de 5 años, dependiendo de la normativa vigente. El sistema será desarrollado como una aplicación web, utilizando el protocolo https, para fines de comunicación y seguridad.
El penalista Édgar Ortiz aseguró que esta medida tiene sustento legal porque se basa en la Constitución de la República recogida en el COIP. “La idea de los sistemas de rehabilitación social para el pago de penas impuestas en sentencia no es que las personas vivan eternamente en las cárceles, sino rehabilitar a quienes han cometido algún delito”, dijo. El jurista citó el caso de una persona con el sistema de prelibertad, la cual disfrutará de este beneficio legal y así reintegrarse paulatinamente a la sociedad.
Casos de violencia intrafamiliar
El Ministerio de Justicia dispondrá de 500 dispositivos electrónicos para prevenir la violencia intrafamiliar. En estos casos está previsto que el brazalete, dependiendo de la decisión judicial, sea colocado al agresor para garantizar el alejamiento de la víctima, la cual igualmente tendrá un aparato en caso de emergencia, señaló la viceministra de atención a personas privadas de libertad, Karla Benítez. Para ello, los grilletes contarán con capacidad de comunicación de dos vías con métodos obligatorios de comunicación de voz y datos para enviar y recibir información, de manera que permita el contacto con la persona vigilada o la víctima para enviar y recibir notificaciones importantes o urgentes.
Benítez insistió en que los equipos serán aptos para portarse todo el tiempo y que tengan protección contra el polvo y el agua.
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