"Si lo van a enjuiciar, bien, pero qué pasa si él consigue la documentación que están tapando y demuestra lo que son las cosas", cuestionó el analista político Diego Delgado.
Considera que los conflictos y denuncias en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, tiene, como fondo, problemas que se tratarían de tapar y que Tuárez indicó que va a investigar. "Está anunciándose, por ejemplo, la entrega de las centrales hidroeléctricas, a través de Santiago Cuesta. Leí que empezarán entregando Sopladora, Banco del Pacífico. Está aprobada la venta de TAME y de la flota petrolera ecuatoriana", criticó Delgado, al precisar que la privatización es el trasfondo de este asunto.
Delgado analizó el caso de Tuárez, quien afronta varias acusaciones sobre la calificación de su candidatura, origen de su patrimonio, datos en su hoja de vida, entre otros. El analista dijo que “todo lo que acontece es a raíz de una declaración de Tuárez en la que dice que va a presentar la denuncia de INA Papers en la Fiscalía, eso significa que el Presidente de la República se podría ver involucrado porque esa es la denuncia que hicieron los periodistas investigadores” y porque el sacerdote habría dicho que “no existe ningún orden de documentación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio”, estas dos cosas, serían el origen de una cobertura en medios “inusual” que “predispone a la ciudadanía para que lo lógico sea sacar a Tuárez”.
Explicó que el CPCCS tiene un amplio poder para solicitar información y que una de sus atribuciones es “solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos”, Delgado señaló que quien no cumpla con estas solicitudes, podría ser sancionada “con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de acuerdo al Código Integral Penal”, según el analista “este sería el origen de los problemas”.
El analista revisó el caso Arroz Verde, en especial el “segundo plato” en el que se denuncia aportes de empresas ecuatorianas y de empresas extranjeras que supuestamente han aportado para obras públicas y que desde ahí, se entregó “dinero público” que según Martínez se habrían entregado en efectivo. Para Delgado, estas empresas “habrían estado comprando protección a futuro”.
Delgado continuó su análisis e indicó que según la Constitución, el CPCCS tiene la obligación de investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción, entre otras atribuciones y explicó que el CPCCS “tiene la obligación de actuar en estos casos” y añadió que “no puede no actuar”. Aludió al hecho de que Tuárez denunció que el CPCCS transitorio no dejó los archivos para analizar acciones y revisar las denuncias que la ciudadanía hizo, y que a partir de ello inició una campaña mediática inusual.
“Se necesita transparencia en todo, no puede ser que no se entregue toda la documentación secuenciada” añadió el analista político.
Informó que quien ejercite la presidencia de la República, puede o no realizar las concesiones en base a las leyes que están aprobadas en el Gobierno anterior. “Está anunciándose, por ejemplo, la entrega de las centrales hidroeléctricas, a través de Santiago Cuesta. Leí que dice que empezarán entregando Sopladora, Banco del Pacífico. Está aprobada la venta de TAME y de la flota petrolera ecuatoriana.
Remarcó que ningún partido en la Asamblea quiere proponer la derogación de las Leyes que permite la transferencia de bienes públicos. “Ese es el verdadero trasfondo”, acotó. El problema, dijo, es cómo el pueblo defiende su patrimonio.
Sobre el Contralor, Pablo Celi, reflexionó que la persona que nombró las 7 ternas para el CPCCS fue el Presidente Moreno. “Se supone que ese organismo, que todo el país esperó otro resultado”, expresó.
Rechazó las críticas en contra de José Carlos Tuárez. “Si lo van a enjuiciar bien, pero qué pasa si él consigue la documentación que están tapando y demuestra lo que son las cosas”, cuestionó.
Fuente: EcuadorInmediato.com
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