El Gobierno presentó la actualización de la Política Pública Minera que fortalece los lineamientos sobre el cuidado ambiental e inclusión social de las comunidades.
La explotación de oro y cobre empezará a finales de este año 2019 en dos de los proyectos mineros a gran escala más importantes del país: Fruta del Norte y Mirador, en Zamora Chinchipe. Justamente en esa localidad, autoridades de Estado presentaron este 4 de junio la actualización de la Política Nacional Minera.
El documento plantea los ejes sectoriales para el periodo 2019 – 2030 y actualiza la política de 2016. Comprende seis ejes, siete objetivos estratégicos y siete políticas públicas. “En la nueva política se incorporan dos ejes fundamentales para el desarrollo responsable de la minería: Sostenibilidad social y ambiental, y Regulación, control y combate a la minería ilegal”, destacó Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos no Renovables.
Recordó que gracias a la actividad el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) minero pasará del 1,6% al 4% hasta 2021. En ese año, con el avance de los proyectos, la industria constituirá el segundo rubro de exportación no petrolera.
Durante su administración, indicó, se han comprometido inversiones sobre los $ 3.800 millones. En el acto también estuvo el gobernador de Zamora Chinchipe, Franco Salinas, quien llama a la provincia “la capital minera del país”.
Informó que en 2018, el 70% de los ingresos tributarios de esa zona fueron por la minería. Salinas dijo que este año además es clave para el sector ya que inicia la explotación de dos proyectos. Uno de ellos es Fruta del Norte, que se extiende sobre 4.899 hectáreas en el cantón Yantzaza. Tiene un avance de construcción en la fase de operación del 50%. Aportará al Estado hasta 2034, con $ 1.523 millones por pago de impuestos, utilidades y regalías.
El segundo es Mirador, en el cantón El Pangui. Augusto Flores, gerente de seguridad, salud y ambiente de ese proyecto, informó que están en la fase de pruebas que durará hasta finales de noviembre y la explotación real se iniciará en diciembre. Durante los 30 años de vida útil de la mina se estiman ventas por $ 20.000 millones. De esa cifra, $ 5.500 millones ingresarían al Estado por tributos.
Tanto Flores como el presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez, manifestaron que la política presentada es una muestra del apoyo del Gobierno a la minería en Ecuador.
“Esta política nos compromete a seguir trabajando por desarrollo de una minería industrial responsable. Esperamos que a través de la misma tengamos garantías jurídicas necesarias para avanzar en nuestros proyectos”, dijo Yépez. Audiencia por consulta popular Hoy 5 de junio, en la Corte Constitucional, se desarrolla la audiencia pública para atender el pedido de consulta popular en contra de la explotación minera en Carchi e Imbabura.
El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, explicó que el Ejecutivo no interviene en las decisiones judiciales, pero que la posición del Gobierno es que “los proyectos mineros concesionados son viables y legales”. Recordó que en esta administración se han revertido 280 concesiones que no cumplían la ley y que “toda concesión que irrespete las normas será revertida”. (I)
Fuente: Diario EL TELÉGRAFO
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