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martes, 4 de junio de 2019

Taxistas se Paralizan por creación de nueva empresa de transporte en Santo Domingo

El pasado viernes los representantes de la Unión Provincial de Taxistas (Unitaxis) anunciaron acciones pacíficas para demostrar su inconformidad con las medidas cautelares adoptadas por un juez, que ordenó a la Empresa Pública Municipal de Transporte otorgar permisos de operaciones a la Compañía de Transporte en taxis Comprovtsa S. A.

Ese mismo día solicitaron que se analicen y revoquen esas medidas adoptadas en un inicio, dado que “la creación de una nueva compañía de taxis en Santo Domingo dificultaría el trabajo de quienes ya están en esta profesión, además, hay ‘sobrepoblación’ de taxis en el cantón”, según se indicó.

Ayer por la tarde uno de los representantes del gremio, Mario Pazmiño, explicó vía telefónica que tras las conversaciones y reuniones se acordó esperar al jueves la decisión del juez tras el análisis del caso. Posteriormente, en dependencia del veredicto, se conocerá cuál será la postura por parte de los profesionales del volante del gremio amarillo. (ARR)

Sin control

Además del bloqueo vehicular de los taxis en la avenida Abraham Calazacón, los agentes civiles de tránsito también cerraron el paso. Según indicó uno de ellos, Jonathan Gaibor, quien se ubicó en la intersección de la avenida Río Toachi y Tsáfiqui, ‘tenían órdenes de arriba’ de no dejar pasar a nadie por la situación con los taxistas. Al consultarles sobre por qué permitían que los taxis se estacionen en plena vía y no solo a los costados, como se anunció, su único pronunciamiento fue “tenemos disposiciones”. Ante esto, muchos peatones y ciudadanos se cuestionaron por qué, en lugar de dirigir el tráfico y garantizar la seguridad de los manifestantes, se permitió que los taxistas pusieran sus vehículos en el medio de la calle.

La Ley dice

El artículo 326, numeral 15 de la Constitución, prohíbe la paralización de algunos servicios públicos, entre ellos la transportación. El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal señala que la persona que impida o paralice un servicio público será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años.

Fuente: La Hora

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