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jueves, 5 de mayo de 2016

Ocho meses de Prisión en lugar de 7 años para implicados en caso "Pases de Policías"

Dos policías se sometieron al procedimiento abreviado en el caso de la supuesta venta irregular de pases dentro de la institución. Si se habla en cuestión de tiempo, aparentemente les resultó un ‘buen negocio’. La pena mínima para este delito, según el Código Penal, es de 7 años de prisión, pero, aceptando su culpa, fueron condenados a 8 meses y 4 días de cárcel. Es decir, el 10% del menor tiempo de condena posible.


El delito por el que fueron sentenciados fue delincuencia organizada. Para el otorgamiento de este beneficio, se aplicó el segundo inciso del artículo 493 del Código, en el que se dice que en los casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, la Fiscalía solicitará al Juez una pena no menor al 10% del mínimo de la pena fijada para la infracción contra el procesado que colaboró eficazmente.

Para el juez de la causa, Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, los elementos de convicción presentados por la fiscal Thania Moreno se han convertido en prueba idónea y demuestran que los procesados Ernesto Montenegro y Luis Carrera han sido parte de una organización delictiva dedicada a la oferta de pases de policías, a cambio de sumas de dinero de entre 1.000 y 1.500 dólares.

Edwin Romero, abogado defensor de los procesados, dijo que, a pesar de que sus clientes se encontraban con orden de prisión preventiva, decidieron retornar al país para colaborar con la justicia y así lo hicieron el 25 de febrero de este año, cuando en una audiencia reservada entregaron a la Fiscalía información relevante que permitió procesar a un alto oficial de la Policía. (LC)

LA CIFRA:

1.500 podían llegar a cobrar por un pase.

Un punto de vista contrario


Desde el punto de vista de Ricardo Vaca, abogado del general Fausto Tamayo, el procedimiento abreviado no era aplicable en este caso, porque desde un inicio se habló que el delito era de conmoción social y en ese sentido, la pena de 10 años se aumenta en un tercio, es decir, a 13 años y ahí no cabe ese procedimiento especial. 
 
También puso en tela de duda la “colaboración eficaz” de los procesados, pero sobre todo Montenegro, quien, a decir de Vaca, opta por este mecanismo porque quiere proteger a dos familiares suyos que prestaron sus cuentas para depositar dineros mal habidos por los pases, y sobre lo cual ellos también deben dar cuenta a la justicia.

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