El Socialismo mal utilizado es lo que ha llevado a Venezuela al caos político, social y económico. Aunque sus autoridades jamás lo van a reconocer. Ya le pasó a Cuba, y le está pasando factura a Venezuela. Lo más trágico es que es el pueblo es el que finalmente paga los platos rotos, porque quienes pertenecen al Gobierno de Maduro no sufren ninguna consecuencia de sesta mala práctica política.
El Gobierno de Venezuela oficializó hoy, 16 de mayo de 2016, la declaración del ‘Estado de Excepción y Emergencia Económica’ por 60 días en todo el territorio, una norma con la que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su Administración.
"Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (...) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación", señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida hoy.
Maduro anunció el pasado viernes su decisión de decretar un estado de excepción que le diera "el poder suficiente" para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que estaría participando el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
La medida
Esta norma da atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar "incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución" de productos de primera necesidad.
También le permite ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o "aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país" sin someterse "a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos".
Se reitera la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, una medida que ya había dictado Maduro en el marco de un decreto anterior.
La norma permite, además, "dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este". Asimismo se instruye a la Cancillería venezolana la auditoría de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país "y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización".
El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la "consideración" de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende "el desconocimiento de todos los Poderes Públicos" y promociona "la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional".
Este decreto deberá ser sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación, y remitido al tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad.
"Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (...) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación", señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida hoy.
Maduro anunció el pasado viernes su decisión de decretar un estado de excepción que le diera "el poder suficiente" para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que estaría participando el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
La medida
Esta norma da atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar "incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución" de productos de primera necesidad.
También le permite ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o "aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país" sin someterse "a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos".
Se reitera la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, una medida que ya había dictado Maduro en el marco de un decreto anterior.
La norma permite, además, "dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este". Asimismo se instruye a la Cancillería venezolana la auditoría de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país "y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización".
El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la "consideración" de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende "el desconocimiento de todos los Poderes Públicos" y promociona "la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional".
Este decreto deberá ser sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación, y remitido al tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad.
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