Poblaciones borradas del
mapa. Escuelas en escombros. Mujeres con sus hijos desplazadas de su
hogar a mitad de la noche... El extractivismo no solo deja su huella en
el ambiente, sino también en el tejido social. Un mapa que registra
muertes, intimidaciones y detenciones en esta biodiversa cordillera
austral.
CRISTINA BURNEO SALAZAR
Dentro de los proyectos pro-minería de
los capitales en alianza con los Estados, el caso “Nankints” es
emblemático. Ecuador ha violado su propio mandato minero, derechos de
pueblos ancestrales y ha reprimido con operaciones donde ha habido
brutalidad militar. Nankints fue desaparecida: esto pone a otras
comunidades asentadas en concesiones mineras en un riesgo similar.
La comunidad shuar de Nankints llevaba asentada en su territorio desde 2006. En 2016 fue destruida por un ataque militar ordenado por el Gobierno de Correa. El ataque se amparó tras una resolución judicial a favor de la empresa minera ECSA, que llevaba tiempo intentando usar las 40.000ha irregularmente concesionadas por parte del Estado. Tras la destrucción de Nankints, se construyó en su lugar el campamento minero “La Esperanza”.
Las mujeres de Nankints se vieron obligadas a desalojar con sus hijos en medio de la noche. Aunque no la han convertido en campamento minero, algo similar sucedió con Tsuntsuim: 200 personas fueron expulsadas en diciembre y las mujeres tuvieron que hacer lo mismo: huir por la selva en la noche. No es seguro que Tsuntsuim esté libre de incursiones militares. En el diálogo nacional, es urgente que el gobierno aborde con firmeza la responsabilidad por la violencia legal contra el pueblo shuar que ha causado muerte y pobreza.
La Constitución ecuatoriana consagra el derecho “a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna”. Es contradictorio que un país que fuerza a su población al desplazamiento garantice el derecho a la vivienda. En la sección de derechos de los pueblos y nacionalidades, la Constitución dicta: “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles.” No hay diálogo cuando se viola derechos. Esta es una gran deuda de Moreno con el pueblo shuar: o la asume, o se asume como un régimen agresor de los pueblos ancestrales.
La comunidad shuar de Nankints llevaba asentada en su territorio desde 2006. En 2016 fue destruida por un ataque militar ordenado por el Gobierno de Correa. El ataque se amparó tras una resolución judicial a favor de la empresa minera ECSA, que llevaba tiempo intentando usar las 40.000ha irregularmente concesionadas por parte del Estado. Tras la destrucción de Nankints, se construyó en su lugar el campamento minero “La Esperanza”.
Las mujeres de Nankints se vieron obligadas a desalojar con sus hijos en medio de la noche. Aunque no la han convertido en campamento minero, algo similar sucedió con Tsuntsuim: 200 personas fueron expulsadas en diciembre y las mujeres tuvieron que hacer lo mismo: huir por la selva en la noche. No es seguro que Tsuntsuim esté libre de incursiones militares. En el diálogo nacional, es urgente que el gobierno aborde con firmeza la responsabilidad por la violencia legal contra el pueblo shuar que ha causado muerte y pobreza.
La Constitución ecuatoriana consagra el derecho “a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna”. Es contradictorio que un país que fuerza a su población al desplazamiento garantice el derecho a la vivienda. En la sección de derechos de los pueblos y nacionalidades, la Constitución dicta: “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles.” No hay diálogo cuando se viola derechos. Esta es una gran deuda de Moreno con el pueblo shuar: o la asume, o se asume como un régimen agresor de los pueblos ancestrales.
- Profesora de la UASB e integrante de Luna Creciente
No hay comentarios:
Publicar un comentario