La propuesta nace del bloque legislativo de Alianza PAIS. Autoridades de gobiernos locales, por su cuenta, advirtieron sobre su disconformidad en caso de que el planteamiento fuera aceptado.
La posible incorporación de la pregunta propuesta por Alianza PAIS (AP) sobre extender el control político de la Asamblea Nacional, a los secretarios, presidente del IESS, Biess, gerentes de empresas públicas, alcaldes y prefectos, ya genera cuestionamientos. Los primeros en reaccionar fueron las autoridades de los gobiernos seccionales.
Al finalizar la reunión que el Mandatario tuvo por más de 4 horas con el bloque de asambleístas de PAIS el pasado miércoles, se informó que el Jefe de Estado aceptó incorporar tres de los cuatros puntos del bloque legislativo y dijo que los temas serán anunciados este lunes. Además de la referida fiscalización a las autoridades seccionales, el Jefe de Estado recibió otras propuestas para reformar la Constitución. Entre ellas, que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y que se establezca un impuesto directo al patrimonio de aquellas personas que superen el millón de dólares.
Al respecto el asambleísta de Alianza PAIS, Franklin Samaniego, señaló que la propuesta fue pensada en virtud de ampliar el marco del control político y lucha contra la corrupción, “que no solo se presenta en el Gobierno central, sino también en los descentralizados, y en este sentido se hizo el planteamiento”. Indicó que se trató de visibilizar a las otras autoridades por el tema del manejo de recursos estatales, incluidos los gerentes de empresas públicas como el Director del Instituto de Seguridad Social (IESS) y del Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), que también reciben fondos públicos. Insistió en que todo está encaminado a la lucha frontal contra la corrupción, por lo que no se trata de quitarle competencias a los concejos cantonales o a las prefecturas, que también fiscalizan a sus alcaldes y prefectos, sino que se amplíe el control.
No obstante, el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres, manifestó su desacuerdo con la posible incorporación de la pregunta, ya que “los gobiernos autónomos tenemos nuestros órganos de control, que son los concejales, quienes nos fiscalizan, además de la Contraloría del Estado.
Me parece excesivo aumentar otro nivel de fiscalización”. Aseguró que no están en contra de la fiscalización, pero si pasara este tema generaría conflictos innecesarios con los asambleístas, además de inestabilidad, ya que se aumentaría la carga de trabajo a los legisladores que podrían intentar juicios basados en meras confrontaciones políticas. Por este motivo dijo que esperarán hasta que el Ejecutivo presente las propuestas y en caso de que se incorpore este tema se reunirán en territorio con el fin de tomar una decisión con todos los alcaldes del país.
El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, coincidió con él, pues señaló que ya existe un cuerpo colegiado en cada nivel de gobierno seccional para que realice esta acción. Además, sostuvo, de pasar esta pregunta habría dificultades ya que “no tendrían función los consejos provinciales por ejemplo, lo cual se debe analizar”. También advirtió que se atentaría contra la autonomía que está garantizada en la ley: “no me parece justo que haya doble fiscalización y doble control político”. Por tal motivo no descartó una reunión y tomar una sola posición con los alcaldes y prefectos del país; “primero agotaremos el diálogo y después tomaremos una posición política si se califica esta pregunta”, insistió el Prefecto. “Lo importante de la consulta popular es fortalecer el régimen democrático; hay preguntas más importantes, pero esta va a generar suspicacias”, aseguró Torres
Bloque decidirá los temas que apoyará
En caso de que la eliminación de la reelección indefinida sea parte de la consulta popular, un grupo de asambleístas de Alianza PAIS ha declarado que haría campaña por el ‘no’.
Franklin Samaniego manifestó que la bancada efectuó un debate profundo sobre el tema para tomar una posición en relación a que no se incluya la reelección indefinida en la consulta popular, “principalmente porque nos parece regresiva, ya que todo el mundo tiene derecho a participar, lo cual no significa que interviniendo un candidato vaya a ser electo”.
El legislador afirmó que el planteamiento fue formulado al Mandatario en la reunión del pasado miércoles, “quien nos indicó que tenemos la libertad de apoyar las preguntas que creamos”. Aseguró que, por consiguiente, en este sentido no hay problemas, “estamos esperando que lleguen las preguntas el 2 de octubre y sobre hechos ciertos nos pronunciaremos; el bloque se reunirá y tomaremos la decisión que corresponda, con argumentos”.
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO
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