"Faltar a un Debate Político es una falta de respeto al pueblo", Raúl Javier Lojano, Comunicador Social.
Propuesta del Asambleísta Absalon Campoverde.
El asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, Absalón Campoverde, presentó un proyecto de Ley en el que plantea varias reformas al Código de la Democracia. En ese proyecto constan reformas como el debate obligatorio para todos quienes se postulen a un cargo de elección popular con el propósito de exponer sus propuestas planteadas en el plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, propone la renuncia obligatoria para quienes opten por una reelección inmediata; y, que se cuente con un registro electoral depurado y actualizado previo a la convocatoria a un proceso electoral.
“El debate electoral es un recurso necesario para que el electorado pueda seleccionar mejor a sus futuras autoridades, ya que es un derecho de todos los ciudadanos”, manifiesta Campoverde. Por ello, dice que su propuesta busca instaurar el debate público obligatorio, llegando inclusive a sancionar a quienes incumplan con dicha obligación.
Así también, propone que todas las autoridades de elección popular que opten por la reelección inmediata deberán renunciar a sus cargos, previo a inscribir sus candidaturas. “Esto debe ser entendido como un deber ético y moral de quienes desean servir a la ciudadanía”, manifestó, indicando que su afán es evitar actuaciones de última hora que podrían favorecer a intereses particulares u obstaculizar el inicio de gestión de las autoridades entrantes, así como evitar irregularidades en cuanto al uso de recursos económicos utilizados para las campañas electorales.
Entre otra de sus reformas, el asambleísta plantea que previo a realizar la convocatoria a elecciones, de manera obligatoria, el CNE cuente con un registro electoral totalmente depurado y actualizado, mismo que deberá ser puesto en conocimiento de las organizaciones políticas registradas y de la ciudadanía en general, para de esta manera evitar que consten en el padrón electoral personas a las que se han suspendido sus derechos políticos o inclusive personas fallecidas, como ha ocurrido en procesos electorales de años anteriores, factores que menoscaban la legitimidad y credibilidad de las elecciones. (JGN)
Fuente: La hora
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