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martes, 21 de agosto de 2018

"Quishpe y Peña Calificados como Politiqueros por Defender a Pequeños Mineros en el Caso CUMBARATZA"

“A mí me da pena ver como politiqueros: prefecto, asambleístas, han tomado este caso y han pretendido hacer de esto palestra política, un sainete”, expresa Troya. (WRSA)

La autoridad socializó la versión oficial frente a la sentencia dictada por una Corte de Guayaquil.

En rueda de prensa, el viceministro de Minería, Henry Troya Figueroa, en compañía de Enrique Gallegos, subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería; Wellignton Ágreda, subsecretario zonal de Minería del Sur; y Franco Salinas, gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe; abordó el tema del litigio con la empresa minera Cumbaratza.

El gobernador de la provincia expresa que el propósito del cónclave es informar el trabajo que han venido mantenido los últimos días sobre el litigio con la compañía minera.

“Estoy seguro que los pasos que hemos dado las autoridades conjuntamente con los dirigentes de los mineros del área de influencia, han podido articular acciones del ámbito legal y analizar la problemática del sector”, dijo Salinas.

Por su parte el viceministro de Minería señala que el litigio entre la empresa Cumbaratza y el Estado viene desde hace más de 30 años atrás.

Indica que actualmente existen 262 títulos mineros vigentes y legítimos dentro de las 30.000 hectáreas que han sido objeto del caso.

“Legalmente el 10 de enero del 96 la Corte Suprema determina que dicha área queda libre para ser nuevamente concesionada, de ahí nacen los 262 títulos mineros que actualmente están vigentes”, aduce el viceministro.

Dice que ante los fallos dictados por las Cortes de Guayaquil, los cuales son contrarios a la Ley, como Estado no puede aceptar los mismos, por lo tanto el Estado Ecuatoriano jamás implementará una sentencia que vaya contra Derecho.

Señala que los 262 derechos de los mineros de Cumbaratza están vigentes y son legítimos.

Menciona que la Corte les dio de plazo hasta el día de ayer para ejecutar la sentencia y dice que es lo que están haciendo. Expresa que mientras exista un fallo que pretenda que el Ministerio vulnere la Ley y vulnere los derechos no inscribirá la sentencia a favor de la empresa minera Cumbaratza.

Se muestra sorprendido porque autoridades antiminería han apoyado en las marchas a los pequeños mineros; aduce que posiblemente esto sea con cálculos políticos frente a las próximas elecciones de 2019.

“A mí me da pena ver como politiqueros: prefecto, asambleístas, han tomado este caso y han pretendido hacer de esto palestra política, un sainete”, expresa Troya. (WRSA)

TOME NOTA

Henry Troya advierte que mientras exista un fallo que pretenda que el Ministerio vulnere la Ley y vulnere los derechos no inscribirá la sentencia.


Mineros de Zamora Chinchipe marchan en contra de la empresa Cumbaratza

Existe una sentencia que no se ejecuta desde hace 22 años.

ZAMORA. Varias organizaciones mineras de la parroquia San Carlos de la Minas (Zamora), autoridades provinciales y dirigentes, realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad de Zamora en reclamo del dictamen a favor de la empresa minera Cumbaratza.

En la marcha se solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, que actué con responsabilidad de acuerdo a la Ley sobre el caso Cumbaratza. Este reclamo lo hicieron a las afueras del edificio de la Gobernación.

Estas actividades de protesta se deben a que la justicia ecuatoriana emitió un resultado a favor de la Empresa Minera Cumbaratza, la cual mineros de la zona la denominan ‘empresa fantasma’ y al mismo tiempo exigen que no se inscriba ese título a nombre de la compañía.

Los problemas se vienen generando desde hace 10 años, en donde la supuesta empresa, de una familia de Guayaquil, enfrenta una disputa jurídica en contra del Estado, en donde reclaman ser titular de 30.000 hectáreas de áreas mineras concesionadas que incluyen los cantones de Nangaritza, Centinela del Cóndor y Zamora.

Una de las autoridades que está al frente de este tema es el prefecto Salvador Quishpe Lozano, quien dijo que “vamos 22 años esperando que se respete una sentencia, se supone que se debía aplicar inmediatamente, desde el 10 de enero del año 1996, la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia, negando los supuestos derechos para esta empresa Cumbaratza”.

Curiosamente, luego del dictamen de esta sentencia en casación, un grupo de jueces de Guayaquil firmaron "autos de ejecución de sentencia" y con eso dio la vuelta el contenido de la resolución y en vez de revertir esas 30.000 hectáreas al Estado, ordenaron entregar a favor de la parte perdedora, es decir para la empresa Cumbaratza.

Ante esto Wilmer Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial de San Carlos de las Minas, expresó que esta empresa nunca ha tenido su registro en el catastro como concesión minera. “Bastan los argumentos que hoy vemos para poder saber, que los pequeños mineros somos los que tenemos legalidad”, enfatizó Espinoza.

Por su parte Paulina Tapia, representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (Asonambile), invitó a mantenerse unidos y agradeció a las autoridades e indicó que la marcha no tiene bandera política. “Es una lucha del pueblo por eso ellos nos prestan su apoyo, desde el primer día”, resaltó la dirigente.

Franco Salinas, gobernador de la provincia, se refirió a que la lucha del pueblo es parte del Gobierno Nacional. “Ustedes representan el vivo sentir de la provincia, mejoran el asunto económico del sector, es por ello que hemos hablado con las autoridades a nivel nacional para extenderles el compromiso en esta lucha y jamás abandonarlos; por el sello que nos identifica ser la capital minera del país”, manifestó.

El asambleísta Elio Peña habló que en los problemas de la provincia las autoridades deben estar unidas para dar una respuesta a esta provincia. “El problema que hoy vivimos es de todos nosotros, es una clara evidencia que la justicia ha estado secuestrada por los gobiernos de turno, no vamos a permitir que favorezcan a una empresa de papel”, expresó el asambleísta. (WRSA)

CIFRA

30 MIL hectáreas es el área en disputa entre el Estado y la compañía Cumbaratza.

AUTORIDADES MARCHAN CON MINEROS, EN CONTRA DE LA EMPRESA MINERA CUMBARATZA

Existe una sentencia que no se ejecuta desde hace 22 años,  en contra de esta compañía fantasma”
Zamora.- Ante el pedido de varias organizaciones de mineros de la parroquia San Carlos de la Minas, autoridades provinciales como: el prefecto Salvador Quishpe, el gobernador Franco Salinas, intendente Leonardo Sigcho, el asambleísta Elio Peña y dirigentes de la asociación Cumbaratza; realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad de Zamora y pidieron al presidente Lenin Moreno actué con responsabilidad de acuerdo a la Ley, sobre el caso Cumbaratza. Este reclamo lo hicieron a las fueras de las oficinas de la Minera, ubicadas en el edificio de la Gobernación.
Estas actividades protesta  se deben,  a que la justicia ecuatoriana emitió un resultado a favor de la Empresa Minera Cumbaratza, la cual mineros de la zona la denominan “Empresa Fantasma” y  al mismo tiempo exigen que no se inscriba ese título a nombre de la compañía.
Estos  problemas se vienen generando hace 10 años,  en donde la supuesta empresa, de la familia Peña Mateus de Guayaquil,  enfrenta una disputa jurídica en contra del Estado,  en donde reclaman ser titular de treinta mil hectáreas de áreas mineras concesionadas, que incluye los cantones de Nangaritza, Centinela del Cóndor y Zamora.
Una de las autoridades que está  al frente de este tema es el prefecto Salvador Quishpe Lozano, el mismo que dijo; “vamos 22 años esperando que se respete una sentencia, se supone que se debía aplicar inmediatamente, desde el 10 de enero del año 1996, la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia, negando los supuestos derechos para esta empresa Cumbaratza”.
Curiosamente luego del dictamen de esta sentencia en casación, un grupo de jueces de Guayaquil firmaron “autos de ejecución de sentencia” y con eso dieron la vuelta el contenido de la resolución y en vez de revertir esas 30 mil has al Estado, ordenaron entregar a favor de la parte perdedora, es decir para la empresa Cumbaratza. “Lo que esta empresa desde hace años reclama es una indemnización de 1 millón de dólares por hectárea, es decir de 30 mil millones de dólares” mencionó Quishpe.
Ante esto Wilmer Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial Rural de San Carlos de las Minas expresó, “Salvador Quishpe ha sido el nexo de conexión en la capital para hacer los contactos necesarios y hacer nuestros planteamientos; es momento de agradecer a las autoridades que se suman a este tema minero que afecta a cada uno de los que vivimos en las parroquias”. También dijo que esta empresa nunca ha tenido su registro en el catastro como concesión minera.  “Bastan los argumentos que hoy vemos para poder  saber,  que los pequeños mineros somos los que tenemos legalidad” enfatizó Espinoza.
Por su parte, Paulina Tapia representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (ASONAMBILE), invitó a mantenerse unidos “agradecer a las autoridades, al señor prefecto por estar con nosotros,  esto no tiene bandera política, es una lucha del pueblo por eso ellos nos prestan su apoyo,  desde el primer día” resaltó la dirigente.
Franco Salinas, gobernador de la provincia se refirió a que la lucha del pueblo es parte del Gobierno Nacional, “ustedes representan el vivo sentir de la provincia, mejoran el asunto económico del sector, es por ello que hemos hablado con las autoridades a nivel nacional para extenderles el compromiso en esta lucha y jamás abandonarlos; por el sello que nos identifica ser la capital minera del país”.
El asambleísta Elio Peña habló que en los problemas de la provincia las autoridades deben estar unidos para dar una respuesta a nuestra tierra, “el problema que hoy vivimos es de todos nosotros, es una clara evidencia que la justicia ha estado secuestrada por los gobiernos de turnono vamos a permitir que favorezcan a una  “empresa de papel”.
Peña enunció su  respaldo y compromiso para defender a los mineros zamoranos chinchimenes, “La lucha no son los 283 títulos mineros sino de las 30 mil hectáreas que una empresa quiere apoderarse, es así como debemos manejar todo este tema señor gobernador”, concluyó el asambleísta.

Recopilación: Raúl Javier Lojano


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