El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Ch., fue sentenciado ayer a 10 años de privación de libertad por el delito de lavado de activos. Así lo anunció la jueza Miriam Escobar, integrante del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
Hugo Mora, extesorero de la Ecuafútbol, también fue condenado a 10 años por coautor, mientras Pedro Vera, quien desempeñó ese mismo cargo recibió una sentencia de 3 años y 4 meses por cómplice. La Fiscalía ratificó que a la entidad rectora del balompié nacional, entre 2010 y2015, ingresaron más $6’119.665, sin documentos de respaldo.
Luis Ch., tiene arresto domiciliario desde el 5 de diciembre pasado por tener más de 65 años. Mientras, los otros exfuncionarios cumplen prisión preventiva en una cárcel.
El Tribunal de Garantías Penales solicitó a la Fiscalía la investigación, por lavado de activos, a todas las personas que conforman el actual directorio de la FEF. Horas antes, los abogados de los acusados solicitaron se ratifique la inocencia de sus clientes y se levanten las medidas cautelares que pesan sobre ellos.
Raúl Rodríguez (foto), defensor de Hugo M., citó que los informes contables de la Federación fueron aprobados por los directivos de los clubes nacionales y por las asociaciones provinciales y que ni los bancos corresponsales que emitieron los capitales, ni los bancos locales, encontraron anomalías.
El Tribunal se pronunció por unanimidad, tras comprobarse el lavado de activos. Anteriormente, el excoordinador general de la Selecciones, Vinicio Luna fue sentenciado a un año de privación de libertad.
El exfuncionario se declaró culpable, a través de un proceso abreviado.
(I) Galo Chiriboga apoya trabajo de Diana Salazar A través de su cuenta de Twitter, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, apoyó el pedido de la agente Diana Salazar en torno a los exfuncionarios de la FEF. “Hoy como Fiscalía solicitamos pena máxima para 3 exdirectivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por lavado de activos”, expresó. Sea cual sea el veredicto, existiría la apelación de la parte procesal que se sienta afectada. El caso podría llegar a la Corte Provincial y luego a la Nacional. (I)
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO
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