El 21 de diciembre, integrantes de la Policía Nacional allanaron las instalaciones de la Federación Interprovincial de Centros Shuar - Ficsh en Morona Santiago y detuvieron a su director Agustín Wachapá.
Su detención se suma a una serie de hechos de violencia, hostigamiento y presión por parte de las autoridades estatales hacia miembros del pueblo indígena Shuar en razón de su oposición a un proyecto de explotación de cobre en la zona de Morona Santiago.
Además de la detención del defensor Agustín Wachapá, el 20 de diciembre el Ministerio del Interior presentó una denuncia en contra de la organización local Corporación Acción Ecológica acusándole de hechos violentos al promover en sus redes sociales información sobre los posibles impactos medioambientales que se derivarían de las actividades extractivas en la zona y, también, al poner de manifiesto las posibles violaciones de derechos humanos que dicho proyecto implicaría.
Bajo ese procedimiento administrativo, Acción Ecológica corre el riesgo de ser clausurada antes de que acabe el año.
"El gobierno ecuatoriano debe proteger a los Shuar frente los ataques a su comunidad, no imponer estados de emergencia ni detener a los líderes indígenas. Estos actos de intimidación sólo contribuyen a aumentar la tensión y poner en riesgo la vida de más personas”, señaló María José Veramendi, investigadora para América del Sur de Amnistía Internacional.
Su detención se suma a una serie de hechos de violencia, hostigamiento y presión por parte de las autoridades estatales hacia miembros del pueblo indígena Shuar en razón de su oposición a un proyecto de explotación de cobre en la zona de Morona Santiago.
Además de la detención del defensor Agustín Wachapá, el 20 de diciembre el Ministerio del Interior presentó una denuncia en contra de la organización local Corporación Acción Ecológica acusándole de hechos violentos al promover en sus redes sociales información sobre los posibles impactos medioambientales que se derivarían de las actividades extractivas en la zona y, también, al poner de manifiesto las posibles violaciones de derechos humanos que dicho proyecto implicaría.
Bajo ese procedimiento administrativo, Acción Ecológica corre el riesgo de ser clausurada antes de que acabe el año.
"El gobierno ecuatoriano debe proteger a los Shuar frente los ataques a su comunidad, no imponer estados de emergencia ni detener a los líderes indígenas. Estos actos de intimidación sólo contribuyen a aumentar la tensión y poner en riesgo la vida de más personas”, señaló María José Veramendi, investigadora para América del Sur de Amnistía Internacional.
El gobierno
ecuatoriano debe proteger a los Shuar frente los ataques a su comunidad,
no imponer estados de emergencia ni detener a los líderes indígenas.
Estos actos de intimidación sólo contribuyen a aumentar la tensión y
poner en riesgo la vida de más personas.
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