Expertos
consideran que, de aplicarse la pena de muerte, significaría afectar el
principal derecho humano: la vida.
Con la
inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la candidatura de los 8
binomios a la Presidencia de la República para las elecciones de 2017, las
propuestas que socializan son aceptadas o cuestionadas por electores, expertos
y opinión pública en general.
Una de
las más polémicas es la instauración de la pena de muerte contra violadores y
asesinos, así lo plantea Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social (FCS). Según
Espinel, médico de 33 años, la pena de muerte sería posible si, bajo consulta
popular, el pueblo decide cuál es la mejor opción. Así se modificaría el
artículo 66 de la Constitución de 2008, en cuyo primer numeral se estipula que
el Estado garantizará a las personas “el derecho a la inviolabilidad de la
vida. No habrá pena de muerte”. Incluso, implicaría derogar el artículo 425,
que señala que “el orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes
orgánicas y ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los
demás actos y decisiones de los poderes públicos”.
La única
manera de poner en vigencia la pena de muerte sería que el país deje de ser
parte de la suscripción de todos los convenios y tratados internacionales
referentes a los derechos humanos. Para Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica
de Derechos Humanos (Cedhu), de aplicarse esto rompería con el derecho
fundamental de la vida y sería un retroceso en tema de derechos humanos. Dice
que hay que contemplar que el país tiene “falencias en la administración de
justicia”.
El
activista social y vocero de Diabluma, Felipe Ogaz, cree que la idea es una
“manifestación fascista” y que no reducirá la violencia. “Estados Unidos tiene
la pena de muerte y es un país violento”. Espinel, por su parte, aclaró que la
propuesta salió de los ciudadanos, quienes decidirán si se instaura o no y, de
ser así, se reformará el sistema judicial”. Considera, además, que el
planteamiento “es una progresión hacia el bienestar y la tranquilidad” y destacó
que EL TELÉGRAFO hizo una encuesta a 6.152 personas, de las cuales el 77%
contestó que estaba de acuerdo y el 23% que no. (I)
Países que aplicaron la Pena de Muerte en 2015.
Expertos consideran
que, de aplicarse la pena de muerte, significaría afectar el principal
derecho humano: la vida.
Redacción Política
Con la inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la
candidatura de los 8 binomios a la Presidencia de la República para las
elecciones de 2017, las propuestas que socializan son aceptadas o
cuestionadas por electores, expertos y opinión pública en general.
Una de las más polémicas es la instauración de la pena de muerte contra
violadores y asesinos, así lo plantea Iván Espinel, de Fuerza Compromiso
Social (FCS).
Según Espinel, médico de 33 años, la pena de muerte sería posible si,
bajo consulta popular, el pueblo decide cuál es la mejor opción. Así se
modificaría el artículo 66 de la Constitución de 2008, en cuyo primer
numeral se estipula que el Estado garantizará a las personas “el derecho
a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”.
Incluso, implicaría derogar el artículo 425, que señala que “el orden
jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes
orgánicas y ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y
las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes
públicos”.
La única manera de poner en vigencia la pena de muerte sería que el país
deje de ser parte de la suscripción de todos los convenios y tratados
internacionales referentes a los derechos humanos.
Para Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu),
de aplicarse esto rompería con el derecho fundamental de la vida y sería
un retroceso en tema de derechos humanos. Dice que hay que contemplar
que el país tiene “falencias en la administración de justicia”.
El activista social y vocero de Diabluma, Felipe Ogaz, cree que la idea
es una “manifestación fascista” y que no reducirá la violencia. “Estados
Unidos tiene la pena de muerte y es un país violento”.
Espinel, por su parte, aclaró que la propuesta salió de los ciudadanos,
quienes decidirán si se instaura o no y, de ser así, se reformará el
sistema judicial”. Considera, además, que el planteamiento “es una
progresión hacia el bienestar y la tranquilidad” y destacó que EL
TELÉGRAFO hizo una encuesta a 6.152 personas, de las cuales el 77%
contestó que estaba de acuerdo y el 23% que no. (I)
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/activistas-se-oponen-a-la-pena-de-muerte
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/activistas-se-oponen-a-la-pena-de-muerte
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec
No hay comentarios:
Publicar un comentario