La semana pasada, el desalojo por la fuerza del campamento del proyecto minero de San Carlos, ocupado por pobladores de la comunidad shuar de Nankintz, reeditó las escenas de violencia que se han vuelto comunes en la zona minera de la cordillera de El Cóndor, entre las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
Campesinos indígenas que fueron obligados a ceder sus tierras sin recibir una indemnización justa por ellas regresan continuamente a ocuparlas por la fuerza y continuamente son expulsados mediante operativos militares. Los enfrentamientos son cada vez más violentos y producen cada vez más muertes: la semana pasada fue un policía. Y para solucionar las cosas, el presidente no encuentra mejor estrategia que hacer avanzar una vuelta más la espiral del conflicto. ¿Cómo? Declarando la guerra. Eso hizo el sábado. Dijo que la causa de los líos en El Cóndor no era la minería ni el problema de las tierras, sino una banda de terroristas, una minoría de violentos. Y que con ellos no había lugar para el diálogo. Sólo para la represión y el castigo. A esas palabras siguieron las incursiones de intimidación del domingo anterior y, entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy, el allanamiento de la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICS), la detención de sus dirigentes y el inicio del proceso de disolución del grupo Acción Ecológica, que ha documentado todo el proceso de la zona.
¿Una banda de terroristas tiene la culpa de todo esto? ¿Una minoría de violentos? No hay duda de que los hay actuando en esa zona. Pero ellos son otro síntoma, no la causa del problema. Para establecer las causas verdaderas quizás el Estado ecuatoriano, con el presidente a la cabeza, deba empezar por reconocer algunas culpas y responsabilidades. Si nos ponemos a hacer una lista se verá que es bochornosa.
El Estado ecuatoriano es responsable de haber cedido ilegítimamente facultades a las empresas mineras. La administración del conflicto de tierras, la aplicación de los mecanismos de participación, el manejo político del conflicto social… En la cordillera de El Cóndor esas tareas las desempeñan las mineras, no el Estado. Y lo hacen por delegación expresa o tácita. De esto hay abundante constancia documental en los oficios ministeriales y demás correspondencia, oficial o no, entre el Estado y las compañías. En 2012 la Contraloría auditó la aplicación de políticas ambientales en la zona y examinó esa correspondencia. Y en su informe habló directamente de delegación de funciones del Estado.
El Estado ecuatoriano es responsable de promover un conflicto social y de tierras. Un conflicto casi irresoluble en un territorio de por sí altamente conflictivo. ¿Cómo se espera que proceda un Estado moderno cuando la ubicación de un proyecto estratégico le obliga a ejecutar expropiaciones? Pues delimitando un área de interés público y negociando con los afectados indemnizaciones justas de forma transparente. En El Cóndor, quienes negociaron la tierra desde un principio fueron las mineras por delegación del Estado. Y lo hicieron de forma más bien sinuosa.
¿Hablaron del proyecto con la población y negociaron un precio justo por sus tierras? No. Llegaron encubiertos y empezaron a comprarlas a precio de huevo, valiéndose de mentiras. Recurrieron a comisionistas y testaferros que convencían a la gente de que sus tierras serían usadas para proyectos ganaderos o forestales que proveerían trabajo para todos. Negociaban individualmente con los finqueros, estableciendo insultantes diferencias, fomentando los conflictos, fijando irrisorias tarifas por uso, a menudo con fraude, todo en medio de divisiones y presiones. Pagaban precios arbitrarios e injustos: 290 dólares promedio por hectárea invirtió Ecuacorrientes en el terreno donde establecer su proyecto Mirador. Se alzó con casi 4 mil hectáreas por menos 1,2 millones. El proceso está documentado en la sede de Acción Ecológica y en los papeles de la Contraloría. Es el proceso de un despojo de la tierra.
El gobierno de Rafael Correa heredó este sistema y lo cultivó para provecho de los proyectos mineros, que afianzaron sus territorios, y desgracia de la población, que se vio arrastrada en una espiral de conflictos. Porque el sistema en sí adolece de un alto porcentaje de judicialización de casos y una abrumadora recurrencia a la expoliación y el fraude. Es el caldo de cultivo perfecto para el conflicto social. Con el tiempo, los finqueros que no recibieron por sus tierras la plata suficiente como para comprar otras, sintiéndose estafados, regresan a ocupar lo que consideran suyo. Se enfrentan con la fuerza pública y se producen muertos y heridos. Entonces el gobierno manda al Ejército y los desaloja. El presidente brama en la sabatina, ordena redadas para intimidarlos, los reprime. Y así avanza la situación: a los tumbos. Y en medio de ese caos, la Contraloría descubre que el gobierno delega a las compañías la administración de los conflictos de tierra. Si una denuncia llegaba a un ministerio se la transfería a ellas para que la resolvieran.
Por todo ello el Estado ecuatoriano es responsable de haber legitimado un proceso de expoliación y haber convertido a los expoliadores en árbitros de la cuestión de tierras.
El Estado ecuatoriano además es responsable de haber fomentado conflictos preexistentes. Lo hace con el fin de servirse políticamente de la división social. La tensión entre colonos e indígenas en la zona es crónica y se remonta a los años de la segunda Reforma Agraria y las políticas del Ierac. El Estado se ha servido de ese conflicto para precipitar la venta de las tierras, ha usado colonos mestizos como informantes y guías para sus expediciones militares sobre zonas indígenas, ha ejercido presión a través de ellos sobre la población indígena. El Estado es culpable de alentar una espiral de resentimiento que ya se ha expresado en brotes de violencia armada.
El Estado ecuatoriano es culpable de mantener a una comunidad bajo el acoso y la intimidación. Con helicópteros sobrevolando al ras de las copas de los árboles y disparando ráfagas al suelo. Con militarización permanente y todo lo que ello implica: las requisas, las inspecciones, las vías cerradas que obligan a los campesinos a caminar durante horas por el monte para buscar abastecimiento en los cantones vecinos.
El Estado ecuatoriano es culpable de trato violento y despiadado a la población civil, de irrespeto a la dignidad y a la seguridad física de las personas. Ha ordenado desalojos sorpresivos y nocturnos, sin notificación previa alguna, lo cual es una violación flagrante de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Acciones de escarmiento como la del fin de semana pasado, que se saldan con niños y civiles inocentes heridos, con destrucción de bienes, con detenciones aleatorias.
El Estado ecuatoriano es culpable absolver el tema de la participación social traspasando esa responsabilidad a la minera. Es la compañía, no el Estado como manda la Constitución, la que convoca a las reuniones informativas para lo que el correísmo llama socialización. Ella se encarga de abultar la concurrencia para la foto con sus propios trabajadores, los grupos de colonos afines y las familias de ambos. Son los ingenieros de la compañía quienes exponen la información a la comunidad, básicamente un resumen ejecutivo en el que se omiten los riesgos y los impactos negativos. Y los que invitan a los asistentes (ojo: campesinos dedicados a la ganadería y a la agricultura de subsistencia) a ingresar en la página Web del Ministerio de Ambiente y bajarse el estudio ambiental que garantiza que no habrá problema. El estudio en cuestión es un fárrago técnico de más de cien páginas y ni siquiera está en esa dirección. Luego la compañía ofrece un refrigerio y es entonces, en el momento en que cada asistente recibe su colección de tarrinitas, cuando diligentes funcionarios le sacan una firma. Recolección de firmas en el refrigerio: socialización correísta. Firmas que certifican el informe de cumplimiento, que también está a cargo de la minera y donde no se recogen los desacuerdos. El Estado ecuatoriano es responsable de haber desnaturalizado los mecanismos de participación social hasta convertirlos en un tramitoso procedimiento de socializaciones sin consenso y consultas previas sin consentimiento. Un proceso donde lo único que importa es cumplir el requisito de obtener un sello en un papel.
El Estado es culpable de violar el Mandato Minero para favorecer a las compañías. Si el Mandato dictado por la Asamblea Constituyente fija un máximo de tres concesiones por empresa, el gobierno ecuatoriano entrega cuatro o más. Si el Mandato ordena la extinción de concesiones en zonas donde se encuentren fuentes de agua, el gobierno ecuatoriano ratificó las de Curingen, donde las fuentes de agua suman 224. Si el Mandato ordena la extinción de las concesiones ubicadas en áreas protegidas, el gobierno ecuatoriano concedió la autorización para operar en las 1.447 héctareas del proyecto Mirador que ocupan el bosque protector de la cordillera de El Cóndor, patrimonio forestal de la nación. Para ello las autoridades del ministerio de Ambiente falsearon mapas y modificaron las coordenadas. El gobierno ha concedido autorizaciones de operación a mineras que no han cumplido las formalidades de ley ni regularizado sus procedimientos; ha aprobado proyectos que no cuentan con planes de manejo ambiental o que no han presentado estudios de impacto.
El Estado ecuatoriano es responsable de poner en riesgo el equilibrio ambiental de la zona. Ha permitido a las mineras actuar con negligencia y omitir el cumplimiento de los planes de manejo. Los hallazgos de Contraloría en la zona de Mirador son abrumadores: estudios de impacto sin monitoreo de flora y fauna; instalaciones para el tratamiento de aguas residuales sin mantenimiento; desbroce de vegetación sin cumplir los protocolos sobre disposición final de residuos; uso de equipos pesados de perforación cuya compatibilidad con el ambiente no fue evaluada; piscinas de lodos residuales que no son sometidas a inspección; desechos contaminantes (aceites y lubricantes usados, sobre todo) que son eliminados de formas no registradas… La supuesta limpieza e inocuidad de la actividad minera en la cordillera de El Cóndor es un mito desmentido por los propios documentos oficiales.
Todo esto ha incrementado la conflictividad social de la zona hasta niveles intolerables. Hay militares por todos lados; hay mercenarios; hay campesinos dispuestos a lo que sea para defender lo que consideran suyo; hay gente armada tratando de pescar a río revuelto; hay daño ambiental y conflictos interétnicos. Hay un grupo indígena, los shuar, que reivindica una tradición guerrera y, aunque se burle el presidente, la tiene: bonita cosa aplaudir la fiereza de los iwias y de los arutam cuando se trata de mandarlos a morir en la frontera y descalificarla cuando quieren proteger sus tierras. Hoy los shuar que defendieron el país esperan una retribución por los servicios prestados y en su lugar los desalojan. Y en este escenario explosivo el Estado continúa delegando funciones a las compañías y resolviendo los brotes de inconformidad a punta de bayoneta. Que el presidente ahora atribuya la causa del problema a un “minúsculo grupo de extremistas” es una manifestación enfermiza de cinismo y deshonestidad intelectual, de irresponsabilidad social y desprecio por la población que sólo puede conducir a más derramamiento de sangre. La culpa será, otra vez, del Estado ecuatoriano.
¿Una banda de terroristas tiene la culpa de todo esto? ¿Una minoría de violentos? No hay duda de que los hay actuando en esa zona. Pero ellos son otro síntoma, no la causa del problema. Para establecer las causas verdaderas quizás el Estado ecuatoriano, con el presidente a la cabeza, deba empezar por reconocer algunas culpas y responsabilidades. Si nos ponemos a hacer una lista se verá que es bochornosa.
El Estado ecuatoriano es responsable de haber cedido ilegítimamente facultades a las empresas mineras. La administración del conflicto de tierras, la aplicación de los mecanismos de participación, el manejo político del conflicto social… En la cordillera de El Cóndor esas tareas las desempeñan las mineras, no el Estado. Y lo hacen por delegación expresa o tácita. De esto hay abundante constancia documental en los oficios ministeriales y demás correspondencia, oficial o no, entre el Estado y las compañías. En 2012 la Contraloría auditó la aplicación de políticas ambientales en la zona y examinó esa correspondencia. Y en su informe habló directamente de delegación de funciones del Estado.
El Estado ecuatoriano es responsable de promover un conflicto social y de tierras. Un conflicto casi irresoluble en un territorio de por sí altamente conflictivo. ¿Cómo se espera que proceda un Estado moderno cuando la ubicación de un proyecto estratégico le obliga a ejecutar expropiaciones? Pues delimitando un área de interés público y negociando con los afectados indemnizaciones justas de forma transparente. En El Cóndor, quienes negociaron la tierra desde un principio fueron las mineras por delegación del Estado. Y lo hicieron de forma más bien sinuosa.
¿Hablaron del proyecto con la población y negociaron un precio justo por sus tierras? No. Llegaron encubiertos y empezaron a comprarlas a precio de huevo, valiéndose de mentiras. Recurrieron a comisionistas y testaferros que convencían a la gente de que sus tierras serían usadas para proyectos ganaderos o forestales que proveerían trabajo para todos. Negociaban individualmente con los finqueros, estableciendo insultantes diferencias, fomentando los conflictos, fijando irrisorias tarifas por uso, a menudo con fraude, todo en medio de divisiones y presiones. Pagaban precios arbitrarios e injustos: 290 dólares promedio por hectárea invirtió Ecuacorrientes en el terreno donde establecer su proyecto Mirador. Se alzó con casi 4 mil hectáreas por menos 1,2 millones. El proceso está documentado en la sede de Acción Ecológica y en los papeles de la Contraloría. Es el proceso de un despojo de la tierra.
El gobierno de Rafael Correa heredó este sistema y lo cultivó para provecho de los proyectos mineros, que afianzaron sus territorios, y desgracia de la población, que se vio arrastrada en una espiral de conflictos. Porque el sistema en sí adolece de un alto porcentaje de judicialización de casos y una abrumadora recurrencia a la expoliación y el fraude. Es el caldo de cultivo perfecto para el conflicto social. Con el tiempo, los finqueros que no recibieron por sus tierras la plata suficiente como para comprar otras, sintiéndose estafados, regresan a ocupar lo que consideran suyo. Se enfrentan con la fuerza pública y se producen muertos y heridos. Entonces el gobierno manda al Ejército y los desaloja. El presidente brama en la sabatina, ordena redadas para intimidarlos, los reprime. Y así avanza la situación: a los tumbos. Y en medio de ese caos, la Contraloría descubre que el gobierno delega a las compañías la administración de los conflictos de tierra. Si una denuncia llegaba a un ministerio se la transfería a ellas para que la resolvieran.
Por todo ello el Estado ecuatoriano es responsable de haber legitimado un proceso de expoliación y haber convertido a los expoliadores en árbitros de la cuestión de tierras.
El Estado ecuatoriano además es responsable de haber fomentado conflictos preexistentes. Lo hace con el fin de servirse políticamente de la división social. La tensión entre colonos e indígenas en la zona es crónica y se remonta a los años de la segunda Reforma Agraria y las políticas del Ierac. El Estado se ha servido de ese conflicto para precipitar la venta de las tierras, ha usado colonos mestizos como informantes y guías para sus expediciones militares sobre zonas indígenas, ha ejercido presión a través de ellos sobre la población indígena. El Estado es culpable de alentar una espiral de resentimiento que ya se ha expresado en brotes de violencia armada.
El Estado ecuatoriano es culpable de mantener a una comunidad bajo el acoso y la intimidación. Con helicópteros sobrevolando al ras de las copas de los árboles y disparando ráfagas al suelo. Con militarización permanente y todo lo que ello implica: las requisas, las inspecciones, las vías cerradas que obligan a los campesinos a caminar durante horas por el monte para buscar abastecimiento en los cantones vecinos.
El Estado ecuatoriano es culpable de trato violento y despiadado a la población civil, de irrespeto a la dignidad y a la seguridad física de las personas. Ha ordenado desalojos sorpresivos y nocturnos, sin notificación previa alguna, lo cual es una violación flagrante de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Acciones de escarmiento como la del fin de semana pasado, que se saldan con niños y civiles inocentes heridos, con destrucción de bienes, con detenciones aleatorias.
El Estado ecuatoriano es culpable absolver el tema de la participación social traspasando esa responsabilidad a la minera. Es la compañía, no el Estado como manda la Constitución, la que convoca a las reuniones informativas para lo que el correísmo llama socialización. Ella se encarga de abultar la concurrencia para la foto con sus propios trabajadores, los grupos de colonos afines y las familias de ambos. Son los ingenieros de la compañía quienes exponen la información a la comunidad, básicamente un resumen ejecutivo en el que se omiten los riesgos y los impactos negativos. Y los que invitan a los asistentes (ojo: campesinos dedicados a la ganadería y a la agricultura de subsistencia) a ingresar en la página Web del Ministerio de Ambiente y bajarse el estudio ambiental que garantiza que no habrá problema. El estudio en cuestión es un fárrago técnico de más de cien páginas y ni siquiera está en esa dirección. Luego la compañía ofrece un refrigerio y es entonces, en el momento en que cada asistente recibe su colección de tarrinitas, cuando diligentes funcionarios le sacan una firma. Recolección de firmas en el refrigerio: socialización correísta. Firmas que certifican el informe de cumplimiento, que también está a cargo de la minera y donde no se recogen los desacuerdos. El Estado ecuatoriano es responsable de haber desnaturalizado los mecanismos de participación social hasta convertirlos en un tramitoso procedimiento de socializaciones sin consenso y consultas previas sin consentimiento. Un proceso donde lo único que importa es cumplir el requisito de obtener un sello en un papel.
El Estado es culpable de violar el Mandato Minero para favorecer a las compañías. Si el Mandato dictado por la Asamblea Constituyente fija un máximo de tres concesiones por empresa, el gobierno ecuatoriano entrega cuatro o más. Si el Mandato ordena la extinción de concesiones en zonas donde se encuentren fuentes de agua, el gobierno ecuatoriano ratificó las de Curingen, donde las fuentes de agua suman 224. Si el Mandato ordena la extinción de las concesiones ubicadas en áreas protegidas, el gobierno ecuatoriano concedió la autorización para operar en las 1.447 héctareas del proyecto Mirador que ocupan el bosque protector de la cordillera de El Cóndor, patrimonio forestal de la nación. Para ello las autoridades del ministerio de Ambiente falsearon mapas y modificaron las coordenadas. El gobierno ha concedido autorizaciones de operación a mineras que no han cumplido las formalidades de ley ni regularizado sus procedimientos; ha aprobado proyectos que no cuentan con planes de manejo ambiental o que no han presentado estudios de impacto.
El Estado ecuatoriano es responsable de poner en riesgo el equilibrio ambiental de la zona. Ha permitido a las mineras actuar con negligencia y omitir el cumplimiento de los planes de manejo. Los hallazgos de Contraloría en la zona de Mirador son abrumadores: estudios de impacto sin monitoreo de flora y fauna; instalaciones para el tratamiento de aguas residuales sin mantenimiento; desbroce de vegetación sin cumplir los protocolos sobre disposición final de residuos; uso de equipos pesados de perforación cuya compatibilidad con el ambiente no fue evaluada; piscinas de lodos residuales que no son sometidas a inspección; desechos contaminantes (aceites y lubricantes usados, sobre todo) que son eliminados de formas no registradas… La supuesta limpieza e inocuidad de la actividad minera en la cordillera de El Cóndor es un mito desmentido por los propios documentos oficiales.
Todo esto ha incrementado la conflictividad social de la zona hasta niveles intolerables. Hay militares por todos lados; hay mercenarios; hay campesinos dispuestos a lo que sea para defender lo que consideran suyo; hay gente armada tratando de pescar a río revuelto; hay daño ambiental y conflictos interétnicos. Hay un grupo indígena, los shuar, que reivindica una tradición guerrera y, aunque se burle el presidente, la tiene: bonita cosa aplaudir la fiereza de los iwias y de los arutam cuando se trata de mandarlos a morir en la frontera y descalificarla cuando quieren proteger sus tierras. Hoy los shuar que defendieron el país esperan una retribución por los servicios prestados y en su lugar los desalojan. Y en este escenario explosivo el Estado continúa delegando funciones a las compañías y resolviendo los brotes de inconformidad a punta de bayoneta. Que el presidente ahora atribuya la causa del problema a un “minúsculo grupo de extremistas” es una manifestación enfermiza de cinismo y deshonestidad intelectual, de irresponsabilidad social y desprecio por la población que sólo puede conducir a más derramamiento de sangre. La culpa será, otra vez, del Estado ecuatoriano.
Fuente: http://4pelagatos.com
Foto: Ecuavisa
Foto: Ecuavisa
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