Comerciantes de Esmeraldas y Manabí hacen peticiones al Gobierno. Hay 11 detenidos.
“Nos hemos pasado dos años de citas en citas, estamos cansados de tantas mentiras, se firman actas de compromiso y no cumplen con nada, por varias oportunidades hemos buscado el dialogo de la mejor manera, pero no nos han escuchado”.
Esa es la voz de indignación de la manabita Jessenia Peralta, quien ayer llegó desde su negocio ubicado en Pedernales (Manabí) hasta Esmeraldas para exigir del Gobierno Central la anunciada reactivación económica post-terremoto del 16 de abril de 2016.
No fue la única que desde la 05:00 cerró la vía de acceso a la Refinería de Esmeraldas. Entre adultos mayores, mujeres y jóvenes sumaban unos 600. Del otro lado, cerca de 100 policías buscaban reanudar la circulación vehicular y, luego de cinco horas de espera, lanzaron gas lacrimógeno y detuvieron a 11 personas.
“Y siempre es lo mismo, engaño tras engaño. Nos reciben (funcionarios de Gobierno) para nada, a la vuelta de los meses no hay nada para nosotros”, repetía por su parte Rosa Tarco, representante de los comerciantes de las parroquias Súa y Tonchigüe, en Atacames, sur de Esmeraldas.
¿Qué solicitan?
Juan Castillo, representante de los afectados de ambas provincias, tras un alto a la protesta y calmar su enojo, explica que tienen tres pedidos puntuales.
El primero, que el presidente, Lenín Moreno, firme un Decreto que los absuelva de saldos vencidos, castigos y moras judiciales con entidades financieras.
Juan Castillo, representante de los afectados de ambas provincias, tras un alto a la protesta y calmar su enojo, explica que tienen tres pedidos puntuales.
El primero, que el presidente, Lenín Moreno, firme un Decreto que los absuelva de saldos vencidos, castigos y moras judiciales con entidades financieras.
EL DATO
Los comerciantes no descartan una nueva movilización si sus 11 compañeros detenidos ayer no son liberados.Como segundo, piden acceder a créditos con el Banco del Pueblo a 25 años, como dice la Ley de Solidaridad, con dos años de gracia, sin solicitud de crédito y sin garante. Tienen como referencia préstamos otorgados en Guayaquil al 5% y 10 años de plazo.
El tercer pedido es a favor del cantón Muisne, el más afectado por el terremoto en Esmeraldas. Solicitan que se derogue la resolución 073 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de 2016, que declara a esa isla como altísimo riesgo. Eso restringe el acceso al crédito, vivienda y otros beneficios gubernamentales, señala Castillo.
Los comerciantes no descartan una nueva movilización si sus 11 compañeros detenidos ayer no son liberados.Como segundo, piden acceder a créditos con el Banco del Pueblo a 25 años, como dice la Ley de Solidaridad, con dos años de gracia, sin solicitud de crédito y sin garante. Tienen como referencia préstamos otorgados en Guayaquil al 5% y 10 años de plazo.
El tercer pedido es a favor del cantón Muisne, el más afectado por el terremoto en Esmeraldas. Solicitan que se derogue la resolución 073 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de 2016, que declara a esa isla como altísimo riesgo. Eso restringe el acceso al crédito, vivienda y otros beneficios gubernamentales, señala Castillo.
Sin acuerdos
“No se ha podido llegar a ningún acuerdo. Los compañeros (comerciantes) no quieren un diálogo, le planteamos una reunión pero no quieren”, lamentó Cristina Rivero, quien dijo representar a la Vicepresidencia de la República, máxima autoridad del Comité de Reconstrucción, creado para atender a los afectados por el terremoto.
Luego de dos años de creado el Comité y de administrar 2.954 millones de dólares, según el más reciente reporte trimestral de gestión (7 de junio) hecho ante la Asamblea Nacional, los comerciantes piden reactivación económica; también hay déficit de viviendas.
Del millonario ingreso, el 51% proviene de la Ley de Solidaridad creada post-terremoto y que impone al pueblo y a empresarios varios impuestos y exigencias, una de ellas pagar el 2% adicional del IVA y descontar un día de salario a funcionarios de puestos jerárquico.
Hasta el 3 de julio, el SRI reportó una recaudación de 1.633 millones por ‘contribución solidaria’. Pero no lo es todo, pues las donaciones, canjes de deudas, bonos y contribuciones internacionales, suman el 49% de los ingresos administrados por el Comité, donde Esmeraldas solo tiene un representante entre 13 miembros. (LHE)
“No se ha podido llegar a ningún acuerdo. Los compañeros (comerciantes) no quieren un diálogo, le planteamos una reunión pero no quieren”, lamentó Cristina Rivero, quien dijo representar a la Vicepresidencia de la República, máxima autoridad del Comité de Reconstrucción, creado para atender a los afectados por el terremoto.
Luego de dos años de creado el Comité y de administrar 2.954 millones de dólares, según el más reciente reporte trimestral de gestión (7 de junio) hecho ante la Asamblea Nacional, los comerciantes piden reactivación económica; también hay déficit de viviendas.
Del millonario ingreso, el 51% proviene de la Ley de Solidaridad creada post-terremoto y que impone al pueblo y a empresarios varios impuestos y exigencias, una de ellas pagar el 2% adicional del IVA y descontar un día de salario a funcionarios de puestos jerárquico.
Hasta el 3 de julio, el SRI reportó una recaudación de 1.633 millones por ‘contribución solidaria’. Pero no lo es todo, pues las donaciones, canjes de deudas, bonos y contribuciones internacionales, suman el 49% de los ingresos administrados por el Comité, donde Esmeraldas solo tiene un representante entre 13 miembros. (LHE)
Fuente: La hora
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