En El Pangui se cumplió una marcha por parte de quienes se sienten afectados por hechos ocurridos en 2014 y 2015.
La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) y su presidente, Luis Sánchez, esperan que la Fiscalía avance con los procesos que iniciaron a partir de tres denuncias planteadas en contra de la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), operadora del proyecto minero Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme del cantón El Pangui.
Dos de las denuncias corresponden al presunto delito de terrorismo y una a un supuesto abigeato. Tarquino Cajamarca, abogado de Cascomi, indicó “que en la Fiscalía se están dando las vueltas” alrededor de las diligencias que ya se cumplieron en años pasados como parte de las investigaciones de los tres casos.
El abogado señala que de parte de la Fiscalía no hay “el valor” para llamar a la siguiente etapa que es la formulación de cargos en contra de ECSA.
Una de las denuncias por presunto terrorismo tiene su origen en lo ocurrido en mayo de 2014, cuando fueron derrocadas una iglesia y otras infraestructuras como una escuela en la comunidad San Marcos, ubicada en Tundayme. Cajamarca indica que en ese entonces no solo se derribó infraestructura física, sino que también se atentó contra la dignidad e historia de dicha comunidad.
La otra denuncia por supuesto terrorismo nació a partir de lo sucedido en septiembre de 2015, cuando nuevamente en San Marcos fueron desalojados habitantes del sector por autoridades y la Policía Nacional. Incluso algunas viviendas fueron destruidas. El jurisconsulto dice que en esa ocasión las viviendas fueron derribadas con maquinaria pesada a órdenes de ECSA. Para él, todo esto representa “un acto terrorista” y añade que la Fiscalía aún no ha dado respuestas a quienes se sienten afectados por estas acciones.
Tarquino Cajamarca señala que el área donde ocurrieron los hechos no forma parte de una servidumbre minera a favor de ECSA. Por ello considera que existe un delito y responsabilidad de los denunciados, y que ante ello debe pedirse a las autoridades judiciales competentes para que den paso a la formulación de los cargos y posteriormente la instrucción fiscal y la prisión preventiva para los supuestos implicados.
En cuanto a la tercera denuncia presentada en contra de la empresa minera, lo que los presuntos afectados buscan que se sancione es un supuesto abigeato. Señala que de 120 bovinos se devolvieron 54 que presuntamente fueron llevados mientras ocurrieron los hechos señalados anteriormente.
El abogado de Cascomi expresó que las denuncias las presentaron pocos días después de que ocurrieran los hechos de 2014 y 2015, pero deja entrever que no ha habido avances.
Luis Sánchez, presidente de Cascomi, indicó que lo que buscan es reclamar sus derechos porque se atentó contra un patrimonio comunitario que se levantó en San Marcos. Agregó que quieren que a los afectados se les restituya su territorio el cual “ha sido desmantelado totalmente por parte de la empresa minera (ECSA)”. (JGN)
Marchan hasta la Fiscalía
Para exigir que los procesos avancen, dirigentes de Cascomi, junto a autoridades como el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y personas que aseguran sentirse afectadas por los hechos ocurridos en años anteriores, realizaron ayer una marcha hasta la Fiscalía del cantón El Pangui.
Los participantes de la marcha portaron pancartas que exhibían mensajes alusivos a la protección de la naturaleza, así como una posición contraria a la explotación minera a gran escala.
La marcha llegó hasta la Fiscalía, donde pretendieron hablar con la persona responsable. Sin embargo, ella no estuvo ahí. (JGN)
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