El edificio Gran Colombiano, ubicado en la calle 18 de Noviembre y Miguel Riofrío, está avaluado en $2,2 millones. Se trata de una construcción que a pesar de haber iniciado hace cerca de 20 años se encuentra ejecutada en un 80% y no ha podido ser concluida por razones presupuestarias, una situación que desde el año anterior la regula el Municipio de Loja.
La ordenanza respectiva, aprobada en julio de 2014 y en marzo de 2015, señala que toda construcción que exceda del tiempo autorizado será sancionada con el 10% del avalúo, mientras que si han pasado seis años se lo hará con el 20%, lo que aparentemente es el sustento de la multa de $1,1 millones al propietario de este inmueble, Luis Matute Rodríguez, aunque en su caso la cifra llega al 50% del avalúo y a más de ello se la impone desde septiembre de 2007, es decir tiempo antes de la vigencia de esta norma que aún no cumple un año.
Frente a ello el reclamo del propietario no se ha hecho esperar. A través del abogado de Luis Matute, Fredy Aguilera, se indica que de acuerdo a la Constitución se podrá sancionar a una persona con una norma que esté vigente al momento de cometerse la infracción, además que el Código Civil, vigente cuando inició este proceso, señala claramente que la ley dispone para lo venidero y no tiene carácter retroactivo.
Aducen persecución
El edificio de 14 plantas fue concebido para actividades comerciales y su construcción se la planificó en etapas debido al tamaño de la obra que supera los 10.000 metros cuadrados.
El proyecto debió ser modificado en 4 ocasiones a su plano original, sin incluir una propuesta que llegó desde el Municipio, a decir del abogado de Luis Matute, para que en la parte superior del edificio se construyan cúpulas que asemeje a un castillo, lo cual no fue aceptado por el propietario.
Aguilera aduce que si bien el tema económico fue determinante para la ejecución del proyecto, la razón por la que se decidió dejar de construir fue por un presunto hostigamiento que sustenta con una serie de multas que el Municipio ha puesto desde 1998, las cuales motivaron procesos administrativos con sentencias favorables a Matute. En esta ocasión la decisión administrativa también será apelada.
La sanción impuesta por el Municipio a Luis Matute no solo es económica, sino que además revoca el permiso de construcción que obtuvo en octubre de 2014, con un cronograma de trabajo para un año, tiempo en el cual lo que pretendió el propietario fue avanzar con los terminados exteriores. “Esto desnuda que el ánimo es de persecución y no que se termine el edificio”, señaló Fredy Aguilera.
Justificativo municipal
Esta situación es precisamente de la que se vale el alcalde de Loja para justificar la multa en la proporción señalada. En rueda de prensa, José Bolívar Castillo expresó que en este caso se quiso “tomar del pelo al Municipio”, pues para él, el permiso para retomar la construcción fue un pretexto para extender por tres años más la obra. Frente a ello se aprobó una reforma a la ordenanza para que los casos en los cuales se engañe al Municipio se aplique la norma sancionatoria con los agravantes correspondientes.
El alcalde realizó su propio análisis sobre irretroactividad de la ley, aunque para él este no sea el caso. Dijo que este principio no es sagrado, más aún cuando se trata de normas que afectan al interés público o a los derechos humanos, ahí “no quiere decir que no tengan efecto retroactivo”.
El burgomaestre consideró que ese edificio, que para él se encuentra abandonado, “se ha convertido en un elemento disuasivo terrible para las inversiones comerciales, industriales, empresariales en general”, idea que forja en función de comentarios de personas que al llegar a la ciudad han preguntado sobre el uso del edificio más alto de la ciudad. “La conclusión que saca (un inversionista) es que esa ciudad es un mal centro para invertir”, señaló Castillo para quien las pérdidas por este edificio son de cientos de millones de dólares por su “efecto disuasivo”. (CAB)
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