"La estrategia y la consigna de la empresa es expulsar a la gente del territorio para poder apropiarse en función de establecer el proyecto de explotación del cobre”.
Gloria Chicaiza,
activista de Acción Ecológica.
ZAMORA Y QUITO
Entre unas 15 y 20 familias, habitantes del sector San Marcos, de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, fueron, aparentemente, desalojadas ayer de sus viviendas por las autoridades, el personal policial y guardias de la minera Ecuacorriente.
El hecho ocurrió, según los denunciantes, desde horas de la madrugada y con esto se estaría dando paso a las labores de la empresa minera china, que está a cargo del proyecto Mirador, ubicado en esta parroquia zamorana.
Según un video que circuló ayer en redes sociales, varios policías se ubicaron en la vía que conduce hasta Tundayme e impidió el paso, tanto de vehículos como de personas. Un oficial que estaba a cargo de ese grupo de uniformados adujo que se desarrollaba un operativo y que había recibido la disposición de un mando superior de la Policía, de no permitir el paso a nadie.
El operativo de desalojo inició a eso de las 02:00 de ayer y hasta el cierre de esta edición, la acción continuaba. La última vez que ocurrió algo similar fue el pasado 30 de septiembre.
Posición
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), a través de un comunicado, aseguró que estas acciones se producen en “territorios indígenas y de la comunidad shuar sin que se haya mediado ningún proceso de consulta previa, libre e informada para que estos desalojos tengan legitimidad”.
Agrega que “a ninguna de las familias desalojadas se les ha ofrecido una reubicación y vivienda adecuada, tal como lo señalan los instrumentos internacionales de Derechos Humanos sobre la materia, en especial los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el Desarrollo. Al igual que las 16 familias desalojadas el pasado 30 de septiembre, las familias desplazadas en este día han quedado literalmente en la calle”.
Por ello, Inredh rechazó “la política gubernamental de actuar sobre hechos consumados. Las familias desalojadas no han tenido oportunidad de hacer valer sus derechos y menos lo podrán hacer ahora que han perdido todos sus recursos y posibilidades de sobrevivencia”.
La Fundación advirtió que se mantendrá atenta a “los acontecimientos que se vayan desarrollando en Tundayme y, en conjunto con las personas y comunidades afectadas, hará las denuncias y procesos legales que se sean pertinentes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con el único fin de que se respeten los Derechos Humanos de los habitantes de Tundayme”.
Otras reacciones
Gloria Chicaiza, miembro de Acción Ecológica, considera que existe una “violencia sistemática” en la zona y que “se han violado una serie de derechos” de los moradores de la parroquia de Tundayme.
Su análisis parte de que se ha incumplido con el contrato minero, por lo que la empresa Ecuacorrientes estaría procediendo de manera ilegal. Además de que existe “una serie de afectaciones ambientales” en el sector, especialmente por la contaminación en el río.
“La estrategia y la consigna de la empresa es expulsar a la gente del territorio para poder apropiarse en función de establecer el proyecto de explotación del cobre”, indicó la experta en temas mineros.
La forma de apropiación del territorio por parte de la empresa ha sido “violenta”, a pesar de que la institución ha señalado que se habría hecho de manera adecuada. Chicaiza insiste que se ha procedido con engaños y violencia, lo que ha quedado registrado en imágenes.
Su postura es que “es menester de la Defensoría del Pueblo hacer un acercamiento a la zona y tener del lado de la población los testimonios de la gente”. (JGN/AGO)
La posición de las autoridades
En la tarde de ayer, el Ministerio de Minería publicó un comunicado con su posición: “Este miércoles, la Agencia de Regulación y Control Minero procedió con una intervención pacífica, en 10 predios, de los cuales cinco estaban habitados. Las familias, antes de ser trasladadas, recibieron atención médica, constatándose así, su adecuado estado de salud”.
Esta diligencia se cumplió con base en el artículo 15 de la Ley de Minería que declara de utilidad pública la actividad minera en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras”.
20
familias habrían sido desalojadas.
16
familias fueron desalojadas en septiembre.
2
meses han pasado desde el último desalojo.
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