El Art. 33 de la Constitución de la República, dice: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.
El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Preciso es confesarlo: si los chinos desloman en el trabajo y exigen de nuestros hermanos hasta la última gota de sudor, ¿a quién se debe ese mal sino a nuestras autoridades, que no han sabido defender los derechos de nuestra gente?.
¿Cómo no han de oprimir los chinos cuando saben que una orden suya, por injusta que ella sea y por más que lastime su dignidad de hombres, es acatada con la vista baja, sin murmurar siquiera, sin un gesto que haga constar su descontento y su cólera?, claro está, los trabajadores saben que tienen que llevar el pan para sus hijos, a fin de mitigar su hambre.
Por ello mi llamado a las autoridades laborales, así como tuvieron el acierto o desacierto de ir al Consejo Provincial a verificar la asistencia de empleados y trabajadores el día de la marcha, vayan a los frentes de trabajo de nuestros hermanos, y constaten personalmente el maltrato, vejámenes y merma de su salario, dado que el trabajo debe dejar de ser una penosa necesidad para volverse un agradable imperativo, solo así se haría prevalecer la norma constitucional antes referida, ¿o acaso temen perder la canasta navideña de los chinos que no actúan?.
Por: Herman E. Espinosa Ordóñez
Fuente: Periódico El Amazónico
http://www.elamazonico.com/digital/?p=5347
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