Los comuneros perdieron el centro poblado por la concesión del territorio a la empresa ECSA.
“San Marcos prácticamente ya desapareció”. Las palabras de Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor, suenan como una sentencia que para las organizaciones de Derechos Humanos y para los propios comuneros es ilegal, ilegítima, inconstitucional.
Una realidad impuesta por el Gobierno, por la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA), por el mismo Estado, asegura el dirigente.
San Marcos, asentada en la parroquia Tundayme, en Zamora Chinchipe, se constituyó en 1980 cuando se entregaron cuatro hectáreas con escrituras a 19 familias. El 15 de este mes fue derrocada la última vivienda durante un operativo con policías, militares y personal de la empresa. La familia que habitaba en esa morada fue expulsada de su terreno, las pertenencias se perdieron.
¿Pero por qué este centro poblado desaparece progresivamente? El barrio San Marcos, el antiguo centro poblado de Tundayme, está asentado en los predios que fueron entregados en concesión a ECSA para la extracción de cobre y oro. El proyecto fue inaugurado apenas una semana después de que se dieron los últimos desalojos forzosos.
Este proceso no es reciente. La comunidad de Tundayme ha luchado en contra de la minería desde 2006 o un poco antes. Desde ese año comenzaron los ofrecimientos: 4 mil o 5 mil dólares, según como negociaran, una nueva casa o trabajo. El dinero llegó, el resto no y la gente fue obligada a salir de sus propiedades. “Insistían que ya se necesitaba el espacio para la explotación”, contó el dirigente.
San Marcos creció con el concepto de comunidad. Los moradores construyeron ‘a punte’ mingas la escuela y la iglesia, que fueron derrocadas el 12 de mayo del año pasado.
Eran unidos, por eso se formó el asentamiento. Pero la comunidad no era nueva, los moradores por décadas ya ocupaban los territorios contiguos. Su decisión fue formar un centro poblado. Lo hicieron y le pusieron el nombre de San Marcos por el patrono venerado por la Iglesia católica.
La división
Nathaly Yépez, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), asegura que el conflicto surgió cuando se concesionó el territorio sin que el Gobierno realizara una consulta ambiental, ni una consulta previa a la población.
“Con la consulta, la idea era reponer el proyecto de vida personal, pero también comunitario”. Eso significaba, según Yépez, que se debía reubicar a las familias a un lugar que cumpliera al menos las mismas condiciones en las que estaban viviendo”.
Pero como el Estado no lo hizo, “se le dejó a la empresa que haga las negociaciones directas”, manifestó. En ese momento inició la división en la comunidad.
La empresa habría aplicado dos estrategias: la compra directa de terrenos y la colocación de servidumbres mineras a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). En ambos casos, aseguran los entrevistados, se utilizaron engaños para convencerlos de que dejaran sus territorios.
Algunos aceptaron las condiciones y recibieron el pago, pero al no ver cumplidos todos los ofrecimientos no salieron. Otros desde un inicio se negaron a negociar. Tras la negativa de dejar el territorio, que ya había sido entregado en concesión, se realizaron dos operativos para desalojar la zona. Uno el 30 de septiembre y otro entre el 15 y el 16 de este mes.
El argumento que tiene el Gobierno para expulsar a la gente de su territorio es que tienen cerrados los procesos de 47 servidumbres mineras, pero pesan más los Derechos Humanos, indicó Yépez. (AGO)
Cronología
Los hechos
° 5 de marzo de 2012: se firma el contrato de explotación minera a gran escala.
° 15 de mayo y 6 de julio de 2012: se pre sentaron dos acciones de incumplimiento al mandato minero.
° 2013-2014: inician los procesos de servidumbres mineras.
° 12 de mayo de 2014: la empresa destruye la escuela y la iglesia de San
Marcos.
° 21 de agosto de 2014: Cascomi es reconocida legalmente por el Estado.
° 8 de junio de 2015: los comuneros solicitan medidas cautelares para evitar
desalojos.
° 30 de septiembre de 2015: se da el primer desalojo a 16 familias.
° 15 y 16 de diciembre: se produce el segundo desalojo afectando a más de
25 familias.
El dato
Hasta enero se interpondrá una acción de protección y se llevará el caso a una de las relatorías de Naciones Unidas.
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