Los procesos para la rehabilitación social siguen cambiando en el país; los internos estudian desde lo más básico, como las vocales hasta carreras universitarias.
Redacción Justicia
Las personas privadas de la libertad por primera vez en la historia de Ecuador reciben una remuneración por el trabajo realizado dentro de los Centros de Rehabilitación Social (CRS). Esta fue una de las últimas metas alcanzadas durante el 2015 por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Los primeros internos que se beneficiaron de esta medida fueron los del CRS Regional del Guayas, situado en el km 17 de la vía a Daule, en Guayaquil, quienes firmaron sus contratos el pasado 10 de noviembre.
Manuel Alfredo P.Q., de 45 años, fue el primero que firmó un contrato formal de trabajo. El proyecto inició con 30 internos de ese recinto carcelario que ya trabajan en relación de dependencia para 2 empresas privadas: La Fattoria (proveedora de alimentos) y Carioca.
Los interesados atravesaron un proceso de selección que incluyó el análisis y revisión de informes laborales; evaluaciones psicológicas, médicas y legales; realización de exámenes y pruebas técnicas para determinar su idoneidad.
Los escogidos cumplen con los requisitos de haber pasado por lo menos el 5% de la pena impuesta, no registrar antecedentes de fuga, tener buena conducta, poseer un certificado médico de no padecer enfermedades infectocontagiosas, entre otros.
Para la cancelación de los sueldos, a los internos se les facilitó la apertura de cuentas de ahorros con el Banco Nacional de Fomento (BNF). Los familiares de los Ppl también solicitaron cuentas de ahorro para que se les realice las transferencias de los porcentajes que les corresponde, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La norma establece que toda actividad laboral de una persona privada de libertad será remunerada conforme con la ley, salvo que se relacionen con tareas propias de aseo y conservación del espacio físico personal.
La retribución del privado de libertad se deduce por los aportes correspondientes a la seguridad social y se distribuye así: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por la infracción conforme disponga la sentencia; 35% para la prestación de alimentos; 25% para adquirir objetos de consumo y uso personal; y, 30% para formar un fondo propio que se entregará a su salida.
Los siguientes beneficiados fueron los del CRS de Cotopaxi. 21 privados de libertad firmaron, el 2 de diciembre, contratos de trabajo también con La Fattoria (empresa proveedora de alimentos) y con Hornos Tungurahua, empresa que fabrica y comercializa maquinaria alimenticia.
Ese día, Ledy Zúñiga destacó que a nivel nacional cuentan con 10 mil internos con potencial para ser contratados por cualquier empresa, ya que están capacitados y pueden desempeñar distintas labores.
Esto se dio luego de que el 22 de mayo de 2015, mediante acuerdo interministerial suscrito entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto, se acordara expedir el Reglamento que regula la Relación Especial de trabajo en Relación de Dependencia de las Personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, así se regula la contratación individual de trabajo de las Ppl.
Posteriormente, el 20 de octubre, en reunión con el gerente General del Banco Nacional de Fomento, Roberto Guevara, se definió que la entidad bancaria otorgaría el servicio de apertura de cuentas bancarias para los internos.
Adicionalmente, 10.243 Ppl se capacitaron en temas como metalmecánica, carpintería, panadería, tejidos, entre otros, preparación que los posibilita a prestar sus servicios a cualquier empresa que requiera contratar su mano de obra.
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