Sectores contrarios al gobierno argumentaron la falta de democracia. Rafael Correa los dejó sin piso cuando propuso una transitoria para que cualquier modificación no rigiera en las elecciones. Del 2017 el 3 de diciembre, cuando se aprobaron los cambios, hubo hechos de violencia, pero la calma volvió al país.
Víctor Haz
La Asamblea Nacional vivió una jornada intensa el 3 de diciembre. Se necesitaron cerca de 10 horas de análisis y debates para que finalmente se aprobara el paquete de enmiendas a la Constitución.
El punto neurálgico de las enmiendas, motivo de permanentes protestas y contra el que la oposición apuntó toda su artillería, fue la eliminación al límite de postulaciones.
Ese cambio permitiría al presidente Rafael Correa una eventual postulación a los comicios de 2017. Pero se quedaron sin bandera de lucha cuando el mismo Jefe de Estado solicitó en noviembre pasado al bloque de Alianza PAIS que incluyera una transitoria para que esa enmienda no se aplicara en las próximas elecciones.
Con ello, el Mandatario quedó fuera de la contienda electoral, al igual que los asambleístas que ya tienen dos periodos consecutivos. Todo un nuevo escenario se abrió en el país y su desenlace recién se conocerá en febrero de 2017.
Pero el camino hacia la aprobación de las enmiendas fue difícil. Luego de que la Asamblea aprobó en diciembre de 2014 el texto, en primer debate, comenzó la socialización en territorio del contenido. Para ello se conformó la Comisión Ocasional presidida por los asambleístas Juan Carlos Cassinelli (PAIS) y Verónica Arias (ARE), que junto con otros 9 legisladores recorrieron ciudades y cantones para recabar las opiniones de los ciudadanos.
En total se efectuaron 135 encuentros ciudadanos, 14 en comisiones y 121 en subcomisiones territoriales. La socialización incluyó a los migrantes de Milán (Italia), New Jersey y New York (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), y de otros puntos.
Además de la reelección de autoridades de elección popular, también se debatieron temas como la edad mínima para postular para la Presidencia y Vicepresidencia de la República (de 35 años fue bajada a 30), el régimen laboral, el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, las funciones de la Contraloría, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión en salud y educación en los distintos niveles de gobierno, consultas populares, jubilaciones, la comunicación como servicio público, actualización del derecho laboral, sobre todo de los obreros, que son parte del sector público, tiempo para la conformación de regiones, entre otros.
Fue en Guayaquil donde la oposición mostró su estrategia. Guillermo Lasso, que había perdido las elecciones y estuvo ausente de la esfera pública debido a un accidente, vio en las enmiendas la oportunidad perfecta para seguir en la palestra. El principal de CREO y sus simpatizantes alteraron el desarrollo de la socialización de las propuestas, que se efectuó en la Universidad Católica. Fue una situación que se repitió en cada ciudad.
Paralelamente, Lasso forjaba Compromiso Ecuador, un colectivo que promovió infructuosamente una consulta popular sobre las enmiendas. Hubo un error de procedimiento, según la Corte Constitucional, pues en lugar de presentarla ante este organismo lo hicieron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tampoco entregó los formularios para la recolección de firmas.
Se argumentó que Compromiso Ecuador incumplió con el artículo 100 de la Ley de Garantías Constitucionales, que establece que para solicitar este pedido debían tener el dictamen favorable de la CC. Lo mismo ocurrió con Democracia Sí, liderada por los hermanos Gustavo y Marcelo Larrea, que también presentó un pedido de consulta a la Corte y que fue negado con el argumento de que no se podía plantear una solicitud de reforma a la Carta Política cuando estaba en marcha otra.
Otros sectores políticos, asimismo, presentaron preguntas, como Pachakutik y dirigentes del desaparecido MPD, ahora movimiento Unidad Popular. A ellos se les unió Sociedad Patriótica, encabezado por Gilmar Gutiérrez. Ninguno prosperó y todos acusaron al Gobierno de manipular a las entidades, pero juristas independientes argumentaban que hubo errores de procedimiento de la oposición.
Sin embargo, estas iniciativas, al menos por un día, lograron unir a la oposición. Ocurrió en abril cuando Compromiso Ecuador, con Lasso a la cabeza, se reunió con directivos de Pachakutik (Fanny Campos, como directora nacional) en Quito. La fórmula no prosperó.
La dirigencia de la Conaie, también opositora al Gobierno, criticó la participación de Pachakutik y desaprobó la decisión de Campos de reunirse con sectores de la derecha. El presidente Correa aprovechó la oportunidad para señalar que Pachakutik tenía “un ala banquera”.
Pese a los obstáculos en el camino, la comisión culminó de acuerdo con el cronograma que había establecido. El 22 de octubre, Cassinelli declaró oficialmente terminado este proceso.
Tras la transitoria de Correa, la oposición trató de cambiar el discurso. Los sindicatos afines al exMPD criticaron la unificación del sistema laboral en el sector público.
Jaime Nebot cuestionó el cambio vinculado con los gobiernos locales y la Contraloría. Cynthia Viteri había llamado, a mediados de año, a cercar la Asamblea, cuando se votasen las enmiendas. La amenaza nunca se cumplió. El 3 de diciembre se reunieron los legisladores y aprobaron las enmiendas. Hubo hechos de violencia en Quito y Guayaquil, pero al día siguiente todo volvió a la calma.
Realmente el hecho más destacado de aquella jornada fue la abstención del legislador de PAIS, Fernando Bustamante, quien ahora enfrenta una sanción. Actualmente el Gobierno prepara un segundo paquete que se debatirá en 2016. (I)
No hay comentarios:
Publicar un comentario